22-m. Los alcaldes del pp reducirán gastos, oficinas, personal de confianza y coches públicos

Los candidatos del Partido Popular que consigan gobernar tras las elecciones municipales del próximo 22 de mayo reducirán los gastos de sus ayuntamientos, el personal de confianza, el número de oficinas públicas y el parque móvil, como principales medidas para potenciar el ahorro y la austeridad en tiempos de crisis económica.
Así queda establecido en el programa marco elaborado para los comicios de mayo, al que tuvo acceso Servimedia, que será aprobado la semana que viene por los candidatos y alcaldes del PP durante unas jornadas que se celebrarán en Toledo con presencia de Mariano Rajoy.
Los futuros alcaldes del PP se comprometen a poner en marcha un conjunto de medidas destinadas a reducir el gasto público con el fin de hacer "de la austeridad el criterio prioritario en las administraciones locales, impulsando una ley de estabilidad que establezca techos de gasto y endeudamiento".
Para ello, crearán "un nuevo marco de disciplina presupuestaria que actúe como complemento institucional al proceso de racionalización del sector público, garantizando la viabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas".
En cada Ayuntamiento, el PP pretende aprobar "un plan estratégico de racionalización del gasto corriente a cuatro años que tenga por objetivo mejorar la aplicación de los fondos destinados a atender los gastos de funcionamiento de la administración".
Además, extenderá el uso de las centrales de compras en los ayuntamientos "para mejorar la eficiencia especialmente en áreas como equipamiento, energía o telefonía", con el fin de conseguir contratos más baratos al negociarlos de forma conjunta.
Los alcaldes del PP promoverán "el uso de la subasta como procedimiento ordinario de adjudicación y contratación" y revisarán "las ayudas y subvenciones de concesión directa de modo que se garanticen plenamente los principios de igualdad y concurrencia competitiva".
MENOS GASTOS
El programa electoral del PP avanza que una reducción "del número de entes y organismos públicos para asegurar una gestión más eficiente sin perjudicar a la prestación de los servicios públicos".
Su intención pasa por "eliminar todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, o supongan merma de transparencia o de garantías jurídicas".
Los salarios de los cargos políticos se regirán por un "marco de referencia", con el fin de adecuarlos a las distintas responsabilidades que ostentan.
También reducirá "el número de altos cargos, puestos de libre designación y personal eventual de las distintas administraciones, empresas y entidades públicas".
Recortará "los gastos burocráticos, de representación y de publicidad institucional, suprimiendo todas aquellas actuaciones que no se consideren imprescindibles".
Asimismo, reducirá el parque móvil de la administración e impulsará el "uso compartido" de los vehículos oficiales, a la vez que potenciará la entrada de capital privado en las televisiones públicas.