Las defensas del clan de los 'morones' han criticado este miércoles que los varones de la familia (el patriarca Olegario y sus hijos Sinaí, Saúl, Juan Paulo y Marino Giménez) permanezcan en prisión preventiva, mientras los vendedores gitanos 'zamoranos' "campan a sus anchas" por los mercadillos.
Así lo ha manifestado, en nombre de los abogados defensores, el letrado de Sinaí Giménez, José Luis Gutiérrez Aranguren, quien ha insistido en que la privación de libertad de estos investigados, cinco meses después de su detención, "es absolutamente desmedida" y se ha convertido en una "pena anticipada".
Este abogado ha recordado que la prisión preventiva es una medida "excepcionalísima", y ha rechazado que, como mantienen el juzgado y la Audiencia Provincial (en los autos en los que han rechazado la excarcelación) haya riesgo de reincidencia delictiva o de que los investigados "puedan influir sobre las supuestas víctimas". "Son testigos protegidos, no los conocemos, no sabemos cómo se llaman ni dónde viven", ha apostillado, al tiempo que ha afirmado que "una orden de alejamiento sería más que suficiente".
Además, ha recalcado la "díficil" situación de la familia, con los hombres en prisión, algunos fuera de Galicia, y a pesar de que "no se ha encontrado nada" en los registros que pudiera incriminarles, y de que "no tienen antecedentes penales".
Aranguren ha proclamado que no hay indicios que permitan atribuir a los investigados los supuestos delitos que se investigan (pertenencia a grupo criminal, amenazas y coacciones, tenencia ilícita de armas, fraude a la Seguridad Social, entre otros).
"TOMADURA DE PELO"
Por otra parte, también ha criticado la "tomadura de pelo" de las declaraciones de los testigos protegidos (por su falta de concreción sobre los hechos), y ha señalado que algunos de ellos afirman que los problemas con los 'morones' se remontan a hace 30 años, cuando Sinaí Giménez "era un niño".
"Cuando se les pide que digan cuándo o dónde fueron amenazados, dicen que no se acuerdan, o se acogen a su derecho a callar como testigos protegidos", ha lamentado el abogado.
El abogado ha constatado que esta causa judicial "ha conseguido que los 'morones' dejen de estar en los mercadillos y que los 'zamoranos' campen a sus anchas dentro de los que se están abriendo de nuevo".
COOPERATIVAS PARA ORGANIZAR EL "CAOS"
Gutiérrez Aranguren ha subrayado que no hay pruebas de las extorsión, y que, en realidad, los investigados "se dedicaron a organizar, de algún modo, un caos que había en el tema de los mercadillos". A este respecto, ha indicado que los 'morones' constituyeron "asociaciones llamadas cooperativas" para "minimizar gastos" y ayudar a que los vendedores pudieran desarrollar su actividad "con un mínimo de rigor, seriedad y seguridad".
Según el letrado, estos trámites se hicieron a través de notarías y gestorías, y de domiciliaciones bancarias, y "el propio gestor (también investigado) dijo que si había alguna disfunción era imputable a él, y que la subsanaría en cuanto tuviera conocimiento".
Finalmente, con respecto a las supuestas coacciones a vendedores 'zamoranos' para que se manifestasen pidiendo la vuelta del mercadillo de Tui a su antiguo emplazamiento, Aranguren ha negado tales coacciones, y ha precisado que "es lícito pedir la colaboración de aquellos que se verán beneficiados por lo que se reclama". "Al final, cuando vienen los beneficios, todos se apuntan", ha sentenciado.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios