AMNISTÍA DENUNCIA QUE EEUU DISCRIMINA A LAS EMBARAZADAS QUE TOMAN DROGAS

- “La drogodependencia es una enfermedad, pero la tratan como un delito”, afirma. Amnistía Internacional (AI) aseguró este martes que un conjunto de leyes de Estados Unidos “que afirman promover la salud materna e infantil” están apartando servicios médicos esenciales a mujeres embarazadas que toman drogas y, con ello, ponen en peligro su bienestar y violan su derecho a la salud.
En un estudio titulado ‘Criminalización del embarazo: vigilancia de las mujeres embarazadas que toman drogas en Estados Unidos’, AI subraya el impacto de las leyes que penalizan el embarazo, especialmente las que se utilizan para detener y enjuiciar a mujeres que consumen drogas basándose en la idea de que están causando daño a sus fetos. El temor por estas normas disuade a las mujeres embarazadas de acceder a atención médica, cuidados prenatales e incluso tratamiento para la drogadicción.
“En todo Estados Unidos, la política de mano dura contra la conducta de las mujeres embarazadas está haciendo pedazos la confianza de las pacientes en los servicios de salud, con consecuencias devastadoras. Estas leyes ponen a las mujeres embarazadas en una difícil encrucijada, al obligarlas a elegir entre arriesgar su salud o arriesgarse a ser castigadas”, manifestó Carrie Eisert, asesora sobre política de Amnistía Internacional y autora del informe.
Eisert señaló que “la drogodependencia es una enfermedad, pero las autoridades estadounidenses la tratan como un delito: no garantizan la disponibilidad de tratamiento para las mujeres embarazadas, y luego las castigan por continuar con su adicción”. “Estas leyes duras y discriminatorias aumentan el peligro del embarazo y, en el proceso, pisotean los derechos humanos”, añadió.
El informe presta especial atención al impacto de la ley sobre “peligro químico” de Alabama, el Estado que ha procesado a más mujeres embarazadas, y a la ley sobre “agresión fetal” de Tennessee, que entre 2014 y 2016 convirtió en delito dar a luz a un niño que mostrara síntomas de exposición a las drogas.
No obstante, Amnistía indicó que la mayoría de los Estados tienen vigente algún tipo de ley de “agresión fetal” y la tendencia va en aumento. “En el periodo de sesiones legislativas de 2017, los Estados introdujeron más de 300 medidas para restringir los derechos sexuales y reproductivos, lo cual ilustra una agresión peligrosa y constante contra los derechos de las mujeres que ha ido en aumento durante los 100 primeros días del gobierno de Trump”, apuntó.
Amnistía Internacional destacó que “esta estrechez de miras centrada en el castigo”, en ausencia de un aumento de fondos o provisiones para ampliar los servicios de tratamiento para la drogadicción, provoca que “estas leyes estén fracasando en su objetivo expreso de promover unos embarazos saludables”, además de violar el derecho de las mujeres a la salud, la intimidad, la igualdad y la no discriminación.
CASTIGAR A QUIENES NO TIENEN DINERO
El informe halla pruebas de discriminación en la aplicación de las leyes sobre penalización del embarazo, que tienden a utilizarse desproporcionadamente contra mujeres de bajos ingresos y negras, que se enfrentan a menudo a múltiples niveles de discriminación y no disponen de los recursos para moverse por el sistema judicial o los servicios de protección a la infancia.
Por este motivo, esas mujeres corren mayor riesgo de ser procesadas cuando se quedan embarazadas. Las pruebas de drogas se realizan selectivamente, a menudo basándose en factores discrecionales de ‘riesgo’ como los bajos ingresos. Algunos médicos admitieron a Amnistía que sus decisiones sobre a quién realizar la prueba se basaban en su propio criterio personal.
El informe recalca que en algunos casos se realizaron pruebas de drogas sin el conocimiento de las mujeres, lo cual constituye una violación de su derecho a la intimidad. La dirección de un programa correccional comunitario de Alabama describió la falta de un protocolo claro sobre la obtención del consentimiento informado: “Cada hospital tiene unas normas diferentes. Muchas son aleatorias. No hay un sistema real. Es algo bastante aleatorio”.
“Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres siguen siendo un campo de batalla en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses deben examinar los datos y derogar o reformar las leyes que se utilizan para castigar a las mujeres por sus actos durante el embarazo, dado que esas leyes no están funcionando”, concluyó Eisert.