AMNISTÍA INTERNACIONAL INSISTE EN QUE ESPAÑA SUSPENDE EN INVESTIGACIÓN DE TORTURAS

Amnistía Internacional (AI) ha pedido a las autoridades españolas que realicen las investigaciones “adecuadas” cuando reciban denuncias de tortura para garantizar que no hay espacios de impunidad. Desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España en ocho ocasiones por no investigar de forma exhaustiva, por lo que ha sido condenada a pagar 155.000 euros en indemnizaciones y 23.840 de gastos y costas.
Así lo denuncia la organización en un comunicado publicado con motivo del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el 26 de junio. Amnistía subraya que todas las sentencias de Estrasburgo giran en torno a “la persistente negativa de las autoridades españolas a investigar con eficacia y profundidad las denuncias de tortura”. Siete de los casos corresponden a detenidos y acusados de pertenencia a banda armada y terrorismo.
Los pronunciamientos del TEDH revelan, prosigue el comunicado, “cómo la falta de estas investigaciones imparciales impide no sólo identificar a los responsables, sino además resolver las deficiencias estructurales en la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos”.
En España, una persona puede pasar hasta un máximo de 13 días incomunicada, sin derecho a escoger un abogado, a consultar con el que le ha sido asignado de oficio de manera confidencial, a comunicar su paradero a su familia o a su consulado -en caso de ser extranjero- o a acceder a un médico de su elección.
“Esta ausencia de investigación -principalmente en denuncias de tortura cometidas durante la aplicación del régimen de incomunicación- sigue siendo un problema estructural”, a pesar de las mejoras de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en octubre de 2015. Por ello, Amnistía Internacional solicita a las autoridades españolas “que deroguen el régimen de incomunicación, que facilita la práctica de la tortura y los malos tratos, atenta contra los derechos básicos del detenido y dificulta las investigaciones”.
La única de estas ocho sentencias que no alude a presuntos malos tratos durante el régimen de incomunicación se centra en la denuncia de B.S. (2012), una mujer de origen nigeriano que fue detenida en dos ocasiones mientras ejercía la prostitución en Palma de Mallorca y que presuntamente sufrió maltrato cuando fue interpelada e interrogada en la calle.