(AMPLIACIÓN) GÜRTEL. LA FISCAL AFIRMA QUE EL PP SE VIO “BENEFICIADO” POR LOS INGRESOS PROCEDENTES “DEL COHECHO Y LA MALVERSACIÓN”

La fiscal anticorrupción Concepción Sabadell aseguró hoy, en sus alegaciones relativas a las cuestiones previas planteadas por las defensas de los acusados en el juicio del 'caso Gürtel', que el PP es la organización que salió “beneficiada” por los ingresos “procedentes del cohecho y la malversación” que se pretende juzgar, y no los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo. Por tanto, dijo, "es plenamente válida la atribución al PP de la condición de partícipe a título lucrativo".
El ministerio público se oponía así al argumento esgrimido por la defensa del PP, que sostuvo la semana pasada que el partido no se había lucrado de esos pagos, que habrían beneficiado exclusivamente a los grupos municipales en esas dos localidades madrileñas y pagado las campañas electorales de los aspirantes a alcalde.
La defensa del PP había tachado de “imprecisa” la acusación de la Fiscalía en su contra. Este lunes, la fiscal insistió en que no existe imprecisión si se hace “una lectura completa” de la causa y retó a los abogados del PP a ver si hay alguna incoherencia en la acusación “en el juicio”.
“INTOXICACIÓN”
La fiscal del 'caso Gürtel' acusó a las defensas que intentan la anulación del proceso de acudir a la “intoxicación” por “temor a la abrumadora prueba propuesta”, en la exposición final de sus alegaciones en las cuestiones previas que hoy se someten al tribunal.
Sabadell ha pedido este lunes al tribunal que no acepte la solicitud hecha por las defensas centrada en la anulación de las grabaciones hechas por el delator de la trama y de los datos obtenidos en diversos registros en despachos de abogados y del contable del grupo Correa.
A su juicio, quienes han planteado la nulidad han ejercido una “defensa oportunista, desenfocada y muy grave” que sólo persigue la “intoxicación” para lograr la anulación del procedimiento ante la "abrumadora prueba" existente.
La representantes del ministerio público insistió en que las grabaciones realizadas en 2009 por el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, el delator de la trama y también imputado, al cabecilla de la red, Francisco Correa, "ni son el origen de la causa ni son nulas ni están manipuladas", tal y como ya fue acordado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Además, rechazó que "en ningún caso (las grabaciones) vulneran el derecho a la intimidad personal de los interlocutores", ya que para que eso ocurra deberían tener un contenido "personal o familiar", y sin embargo "todas ellas giran en torno a una actividad ilícita profesionalizada de los interlocutores".
Defendió también la legalidad de la documentación conseguida en el despacho del abogado Luis de Miguel, que organizó la estructura fiscal de la red, y también de los datos de la memoria electrónica del contable del Grupo Correa, José Luis Izquierdo.
En relación a las grabaciones hechas en la cárcel de las conversaciones entre los encausados y sus abogados por orden del exjuez Baltasar Garzón, la fiscal recordó que ya fueron expurgadas del procedimiento, tras lo cual fueron admitidas por la Audiencia Nacional.