(AMPLIACIÓN) LOS SINDICATOS DICEN QUE LA RENTA MÍNIMA ESTATAL BENEFICIARÍA A MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS Y COSTARÍA UNOS 12.000 MILLONES

Los sindicatos CCOO y UGT defendieron este jueves en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que regula una renta mínima estatal para desempleados sin prestaciones y estimaron que de ella se podrían beneficiar más de 2 millones de personas y costaría unos 12.000 millones al año, equivalente a algo más de un punto de PIB.

Así lo indicaron los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, durante su comparecencia en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados para pedir el apoyo de los diputados para esta iniciativa.
Ante una situación en la que más de 4 millones de personas están en desempleo y más de un millón de hogares con todos sus miembros parados, desde UGT Álvarez indicó que se trata de una iniciativa para la que “sobran razones”.
Los requisitos básicos de la prestación son tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones de desempleo y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La prestación tendría una cuantía de 426 euros al mes, correspondiente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), con la posibilidad de incrementarse cuando existan cargas familiares, y se financiaría con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Asimismo, en la iniciativa se incluye un mandato al Gobierno para que apruebe en el plazo de un año un proyecto de ley que reordene las prestaciones de la Seguridad Social por desempleo “con el objetivo de corregir los desequilibrios existentes en la cobertura de las diversas situaciones”.
El líder de UGT indicó que esta prestación podría sustituir a otras que actualmente se pagan, con lo que el coste es aproximado.
“Se trata de poder conseguir que tenga un carácter permanente y un carácter universal de acuerdo con las condiciones de acceso a la protección” de esta prestación y “esta es una gran oportunidad” para ello, añadió.
Álvarez pidió el apoyo para esta ILP, ya que “este seguramente que es el parlamento más plural en la historia de la democracia de este país”.
Por su parte, el líder de CCOO agregó que esta iniciativa trata de “garantizar que se complete nuestro sistema de protección social, que ha saltado por las costuras”, generando desigualdades.
“Nos hubiera gustado llegar desde la negociación a un acuerdo para esta renta, no fue posible”, explicó Toxo, para añadir que la ILP es una “respuesta al incumplimiento de los compromisos del Gobierno”, en referencia al mapa de la protección social que en su momento acordaron elaborar con el Ejecutivo.
El máximo responsable de CCOO reconoció que “el coste de la prestación es elevado”, máxime en las condiciones económicas actuales del país, pero es “asumible si se tiene en cuenta la dimensión del gasto social en España”, inferior a la media de la Eurozona.
“Nos parece una medida justa, equilibrada y posible su abordaje por la economía y la sociedad española”, defendió Toxo.
GRUPOS PARLAMENTARIOS
Por su parte, la oposición mostró su respaldo a la iniciativa. Desde Ciudadanos, el diputado Sergio del Campo vio coincidencias entre la propuesta y lo que defiende su partido y aseguró que “no se trata de una renta universal impagable”, mientras que la parlamentaria de Unidos Podemos Isabel Franco afirmó que desde su partido acompañarán a los sindicatos “en las próximas movilizaciones para que nadie se quede sin ingresos”.
Desde el Grupo Socialista, el diputado Rafael Simancas calificó de “buena medida” y “útil” la prestación mínima para personas sin recursos, mientras que el parlamentario del PP José Ignacio Echániz, aunque mostró disposición a participar en un debate “con rigor y prudencia”, advirtió de que solamente es posible abordar esta nueva prestación “desde el importante aumento de los impuestos, o desde el recorte de los gastos”.
"La única limitación para el PP es que no perjudique la buena marcha de la economía española" y no impida cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea, indicó Echániz.
Tras las interpelaciones de los grupos parlamentarios, el líder de UGT respondió que si “este país va a permitir rescatar las autopistas”, también se tiene que tener en cuenta esta medida.
Álvarez pidió que el proceso se agilice para que quienes lo necesitan puedan recibir cuanto antes la prestación, lo que no excluye mantener un debate “ampliamente”.
Desde CCOO, Toxo aclaró que “no se trata de un nuevo subsidio”, sino de “consolidar las redes de protección, que tienen que venir acompañadas de políticas activas”, y que ya “no es suficiente con crear 20 millones de empleos en tres años para financiar la Seguridad Social si no va acompañado de la calidad suficiente, que está bajo mínimos en estos momentos” por las reformas laborales.