PSOE. PATXI LÓPEZ APUESTA POR ELEVAR A LA CONSTITUCIÓN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Patxi López, aspirante a la Secretaría General del PSOE y diputado por Vizcaya, apuesta por dar un paso más en la lucha contra la violencia machista de manera que la Constitución obligue a los poderes públicos a proteger a las mujeres.

En su proyecto ‘Más de 100 razones para unir al PSOE’ que presenta este domingo en Getafe, López afirma que la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres “debe tener mayor reconocimiento constitucional” porque “seguimos anclados en la desigualdad de género”.
Aunque reconoce “avances” con el “reconocimiento formal de iguales derechos, se mantienen ámbitos graves y evidentes de desigualdad real”. Y cita que “la violencia machista amenaza la vida y la seguridad jurídica de muchas mujeres, por el simple hecho de serlo”. Por ello, entiende que “no bastan” las políticas públicas de igualdad aunque las considera “imprescindibles”.
Ante esta situación, sostiene que “la actual protección constitucional de la igualdad y la no discriminación por razón de género puede reforzarse, con un mandato más específico y firme a los poderes públicos para proteger los derechos y la integridad de las mujeres”.
En la misma línea, asegura que “los derechos sociales deben contar con la máxima garantía constitucional” porque “no pueden ser derechos de segunda categoría. Para el exlehendakari, “la Constitución debe ser el baluarte seguro para garantizar el Estado de Bienestar y los derechos sociales”.
Por lo que entiende que la “Carta Magna debe incorporarlos como un mandato constitucional para todos los poderes públicos. Se deben calificar como derechos fundamentales el derecho a la salud, el derecho a la protección por parte de la Seguridad Social y el derecho de la negociación colectiva”.
Tras esta exposición, avanza que el PSOE defenderá los servicios sociales como un derecho fundamental para toda la ciudadanía garantizado por la Constitución, y “propondrá una Ley Estatal Marco en Servicios Sociales que unifique criterios de acceso, equiparación de derechos y catálogo de servicios común para todos los españoles, estableciendo una red de proximidad con una ratio de profesionales mínima de 1 por cada 4.000 habitantes”.