Además, en el mismo proyecto de ley foral se dota al citado crédito de la consideración de ampliable, con el fin de que a lo largo del año, si recaen la totalidad de las sentencias desfavorables previstas, se pueda financiar la misma partida con el suficiente crédito, según ha informado, tras la sesión de Gobierno, el consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu.
La medida se produce después de que el Tribunal Supremo haya dictado una sentencia desestimando el recurso de casación presentado por el Gobierno de Navarra contra un auto del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), del 2 de febrero de 2016, en el que confirmaba un justiprecio, de entre 53,06 euros/m2 y 57,09 euros/m2, para el suelo expropiado en la tercera y cuarta fase de la ciudad del transporte.
La sentencia ahora conocida obliga a Nasuvinsa al pago a un particular de 12.089.738,23 euros por las fincas expropiadas. Se trata del primer fallo que recae sobre un conjunto de 17 expedientes judiciales que se abrieron por esta cuestión, ha añadido Aranburu.
Teniendo en cuenta, ha añadido, que el Tribunal Supremo debe pronunciarse todavía en 16 casos más, el Gobierno de Navarra ha acordado que el crédito de 25 millones sea ampliable, con el fin de poder atender las posibles sentencias que se vayan produciendo a lo largo del año.
Según las previsiones del Gobierno de Navarra, la cuantía que debe abonarse ahora a los propietarios, con los nuevos precios y las correspondientes actualizaciones, se eleva a 49.198.705,38 euros, cantidad ésta que se suma a los 20,2 millones pagados de acuerdo al precio fijado en su día.
Se trata, según el consejero, de "un impacto importante para el Presupuesto, que inicialmente vamos a afrontar con este crédito extraordinario de 25 millones". "No es ninguna broma hablar de 50 millones que se podrían destinar a otras políticas, pero indefectiblemente tenemos que hacer frente a esos pagos de la forma, en la gestión presupuestaria, más correcta posible", ha dicho.
EL PROCESO JUDICIAL
El asunto tiene su origen en 2008, cuando el Jurado de Expropiación de Navarra fijó en 20,01 euros el metro cuadrado el justiprecio de los terrenos afectados por el Plan de Ampliación de la Ciudad del Transporte de Pamplona, que preveía una tercera y cuarta fase de expansión. Los acuerdos del jurado fueron recurridos por varios propietarios afectados, recursos que desestimó la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN en noviembre de 2009.
Los particulares afectados recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, quien por sentencia del 12 de diciembre de 2012 estimó los recursos y declaró el derecho de los recurrentes a recibir un justiprecio que se determinaría en ejecución de sentencia conforme a las bases fijadas por el propio Tribunal Supremo. Este justiprecio fue fijado por la Sala de Navarra en 53,06 euros el metro cuadrado, en unos casos, y en 57,09 euros el metro cuadrado, en otros. El Gobierno anterior recurrió aquellos autos y el TSJN emitió un auto el 2 de febrero de 2016 desestimando los recursos y confirmando el justiprecio.
El Ejecutivo foral recurrió en casación los autos ante el Tribunal Supremo, instancia que ahora, en sentencia 22/2017, ha desestimado el primero de ellos.
La Ciudad del Transporte se ubica a nueve kilómetros de Pamplona, con una superficie total prevista de 1,2 millones de metros cuadrados. La primera y segunda fase se ejecutaron en su día, con una superficie de 608.000 metros cuadrados. La ampliación constaba de una tercera fase, con 636.000 metros cuadrados, y de una cuarta de unos 394.000 metros cuadrados.
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