En un comunicado, el consistorio ha informado que, ante la imposibilidad de tomar medidas por falta de regulación jurídica, tan sólo se puede detener a los ocupadores en caso de que sean atrapados forzando la entrada a la vivienda por daños o por robo.
Los 17 casos en los que la Guardia Urbana ha actuado durante 2017 han sido perpetrados por tan sólo seis personas diferentes, tres de las cuales ya realizaron ocupaciones ilegales en 2016, lo que evidencia que se trata de personas reincidentes.
El pasado mes de marzo, el Ayuntamiento aprobó una moción para dar apoyo a la iniciativa de modificar la normativa para recuperar pisos ocupados ilegalmente, en los términos que proponen miembros del Colegio de Abogados de Barcelona.
Según el consistorio, la demora en la recuperación de los pisos genera graves conflictos de convivencia con el resto de vecinos, fruto de los métodos violentos e intimidatorios que utilizan los grupos organizados que ocupan pisos ilegalmente.
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