Con este anuncio, los servicios sociales de la administración local elaborarán un informe para comprobar si la persona o unidad familiar amenazada de corte está en riesgo de exclusión residencial, que en caso de confirmarse no podrán detener el servicio, según ha informado el consistorio en un comunicado.
El concejal de Acción Social, Gabriel Fernández, ha indicado que Endesa "cumple una de las obligaciones" que la normativa catalana establece para las compañías, y ha remarcado que se continuará trabajando para el cumplimiento de los preceptos establecidos.
Sabadell avisó a la compañía en febrero de que si no cumplía con el procedimiento de pedir a los servicios sociales un informe de riesgo previo se iniciarían procedimientos sancionadores, que empezaron a aplicarse en junio.
En este sentido, el pasado 3 de junio Fernández constató que la ciudad tenía constatados 243 casos en los que se había incumplido la ley.
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