El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes el convenio que el consistorio y la Conselleria de Salud de la Generalitat firmaron para integrar en el sistema de cobertura pública del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) a los 8.279 usuarios cubiertos por la antigua mutua municipal Instituto de Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (Pamem).
El convenio ha recibido el apoyo del Gobierno municipal --BComú y PSC--, ERC y el concejal no adscrito, mientras que el grupo municipal Demòcrata, Cs y PP han votado en contra y la CUP se ha abstenido, y la teniente alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha defendido que el acuerdo reforzará el sistema de salud y mejorará la atención para los usuarios del Pamem.
El Pamem es una entidad pública participada por el Ayuntamiento --con un 60%-- y la Conselleria de Salud --con un 40%-- adscrita al Consorci Sanitari de Barcelona (CSB), que el consistorio creó en 1950 para ofrecer asistencia sanitaria a los funcionarios y que llegó a atender a más de 32.000 personas.
Sin embargo, el número de afiliados ha ido disminuyendo progresivamente desde que en 1993 se decidió que los nuevos trabajadores que se incorporaban al Ayuntamiento se integraran directamente a la cobertura del CatSalut, organismo creado por la Generalitat dos años antes para garantizar un acceso a la asistencia sanitaria universal y pública.
El acuerdo contempla que el consistorio asuma dos terceras partes de los 22,8 millones de deuda y aumente en 3,75 millones su aportación en las inversiones previstas en el convenio de mejora de equipamientos sanitarios de la ciudad firmado en julio de 2016, dado que el CatSalut asumirá con sus propios recursos la asistencia de los afiliados al Pamem.
Este proceso se alargará tres meses, en los que habrá un diálogo con los sindicatos y se ofrecerá acompañamiento a los afiliados, aunque trabajadores y sindicatos como UGT, CC.OO., Csif y Sapol han acudido al pleno para protestar por el cierre del Pamem, aunque Ortiz ha insistido en que "no se puede alargar un proceso agónico que va en contra de los vecinos".
OPOSICIÓN
La concejal del grupo municipal Demòcrata Mercè Homs ha asegurado que el Gobierno municipal ha dado la espalda a los trabajadores municipales: "No votamos en contra del cierre del Pamem, sino de la forma en la que se ha hecho", y Paco Sierra (Cs) ha asegurado que la alcaldesa, Ada Colau, maltrata a los funcionarios del Ayuntamiento.
La concejal de ERC Monsterrat Benedí ha alegado que los usuarios no han recibido suficiente información, Alberto Fernández (PP) ha criticado "la falta de rigor y de la información contable imprescindible" del Gobierno municipal, y Maria Rovira (CUP) ha pedido una auditoria externa que explique el déficit, además de más información y acompañamiento para los usuarios afectados.
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