El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes el plan especial para regular las viviendas de uso turístico --Huts, por sus siglas en catalán-- para evitar que se levante la suspensión antes de que se apruebe el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat).
La medida, aprobada con el apoyo del Gobierno de BComú y del PSC, el rechazo del PP y la abstención del resto de grupos, tiene por objetivo regular los pisos turísticos antes de que se levante la suspensión que los afecta en mayo, porque por entonces no estará aprobado el Peuat y podrían solicitarse numerosas licencias, ha recordado la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz.
El plan especial de viviendas de uso turístico se aprobó inicialmente durante el anterior mandato, liderado por el exalcalde Xavier Trias, y ha sido modificado para adaptarlo al Peuat, regulación en la que se integrará este plan cuando se apruebe previsiblemente en julio y que regule todas las modalidades de alojamiento turístico de la ciudad.
NORMATIVA PROPIA DE BARCELONA
Sanz ha pedido a CiU, ERC y la CUP que ayuden al Ayuntamiento a negociar con la Generalitat para lograr que Barcelona tenga una normativa propia sobre licencias, tras lo que ha defendido que la intención del equipo de Ada Colau con el Peuat es "poner orden" a los alojamientos turísticos.
El concejal socialista Daniel Mòdol ha compartido algunas críticas, pero ha destacado: "Queremos dar un voto de confianza al Gobierno municipal y le instamos a dialogar con todos los grupos y con los operadores del sector para alcanzar una decisión de consenso. Sería mucho más fácil abstenernos y no mojarnos, pero no lo haremos".
El concejal de CiU Jordi Martí ha criticado que este trámite es poco transparente, es una improvisación y representa un "chantaje político porque, si no se aprueba, habrá un diluvio de peticiones de Huts", opinión que ha compartido el edil de C's Koldo Blanco, que ha tachado la tramitación de este plan de chapuza, en sus palabras.
Jordi Coronas (ERC) ha puesto en duda las garantías jurídicas y ha exigido perseguir los pisos turísticos ilegales y no criminalizar a los legales, mientras que el popular Javier Mulleras ha criticado tanto el contenido del plan como su tramitación --también considera que representa un chantaje--, tras lo que Maria José Lecha (CUP) ha avisado de que "se aprueba una parte del Peuat sin abrir el proceso de alegaciones".
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