Bermúdez sigue el camino de Bueren y Choclán: de la toga a los despachos

Fernando Pantaleón hizo el camino de ida y vuelta. El catedrático de Derecho Civil y abogado del prestigioso despacho Garrigues, donde había ejercido durante 18 años y había llegado a defender al rey Juan Carlos, consiguió convertirse, el 29 de octubre de 2015, en magistrado de la Sala de lo Civil del Supremo, todo un honor para un afamado civilista. Un honor que, sin embargo, duró solo 11 meses. En septiembre decidió dejar el tribunal abrumado por el ritmo de trabajo y la falta de medios. El atasco le obligaba a redactar dos sentencias a la semana y a deliberar las de sus compañeros. Sin tiempo, sin ayuda. Volvió a la abogacía. Abrió su propio bufete.

Aunque, a tenor de los datos, no es un fenómeno frecuente, en los últimos años son varios los jueces y magistrados que han decidido dejar la toga y las puñetas (los motivos de encaje de sus mangas) para pasarse a la privada. El último ha sido Javier Gómez Bermúdez, el juez del 11-M. El expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y extitular del Juzgado Central de Instrucción 3 de ese tribunal, dejará en próximas fechas su puesto de juez de enlace en Francia, donde investigó casos como la CAM, entre otros, para convertirse en socio del área penal del despacho de abogados Ramón y Cajal.

El paso al sector privado conlleva en la mayoría de los casos una petición de excedencia que permite a estos magistrados reincorporarse a la carrera en un futuro. En total, 67 de los 5.500 jueces españoles se encuentra en esa situación, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque el ejercicio de la abogacía no es el único motivo. Esas mismas fuentes aseguran que, en los últimos dos años, ningún juez la ha pedido. Bermúdez tampoco tendrá que hacerlo. Al estar en situación de servicios especiales como juez de enlace, pasará automáticamente a excedente si no reclama la reincorporación a su juzgado.

Más allá del exceso de trabajo y la precariedad con la que se realiza, una razón evidente para tomar la decisión es la económica. Mientras que un magistrado del Supremo en España cobra unos 140.000 euros al año, en cualquiera de los despachos de referencia -Garrigues, Uría y Menéndez, Cuatrecasas…- el sueldo puede superar el millón. Con cifras semejantes, la tentación es difícil de evitar.

La falta de perspectivas profesionales en la carrera también influye. A partir de ciertos cargos judiciales, poco importa la antigüedad o el ser un reputado especialista con años de experiencia en cualquiera de las ramas del Derecho. Por encima del cargo de presidente de una audiencia provincial o presidente de Sala de la Audiencia Nacional, todos los nombramientos son discrecionales y dependen del CGPJ, que no siempre elige para esos puestos a los más veteranos o los más preparados. Solo los mejor colocados política y asociativamente o con mejores relaciones con los consejeros de ese órgano ascienden.

Bermúdez, que perdió apoyos políticos tras su paso por la presidencia de la Sala de lo Penal, se suma a una larga lista de colegas que siguieron su mismo camino. De la Audiencia Nacional también salió Carlos Bueren tras 18 años en la judicatura. En 1996, dejó el Juzgado Central 1 de ese tribunal, desde donde investigó el asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, el caso de la cooperativa Sokoa, ligada a ETA, el sumario del síndrome tóxico producido por el aceite de colza desnaturalizado o los secuestros de los industriales Julio Iglesias Zamora o Emiliano Revilla. Lo hizo para integrarse en Uría y Menéndez.

También José Antonio Choclán, exmagistrado de la sección primera de la Audiencia, se fue para formar su propio despacho, Choclán Montalvo. Si como juez llegó a ser ponente de la sentencia del caso Banesto -que acabó con la condena de Mario Conde y Arturo Romaní-, como abogado penalista ha estado presente en los casos más mediáticos de los últimos años. Desde la querella que acabó echando de la carrera a su compañero Baltasar Garzón hasta el caso Gürtel (en el que representó durante un tiempo a su cabecilla, Francisco Correa), las tarjetas black, el caso Pujol…

Aparte de su indudable capacidad jurídica, estos abogados exjueces ofrecen indudables ventajas para los bufetes de abogados. Conocen los tribunales desde dentro y, además, llegan al sector privado con toda una red de contactos entre sus excompañeros, fiscales y funcionarios que pueden facilitar las cosas, abrir puertas… Aunque en principio no tienen mayores incompatibilidades que los casos en cuya instrucción o enjuiciamiento hayan participado directamente.

En el Supremo, uno de los casos más sonados fue el de Adolfo Prego. El magistrado de la Sala de lo Penal, que también fue consejero del Poder Judicial a propuesta del PP, dejó el alto tribunal en 2011 para dedicarse a la abogacía. Tras su paso por Ontier, decidió montar su propio despacho. En los últimos meses se le ha visto en algunos casos relevantes como la Operación Lezo -la trama de corruptelas del Canal de Isabel II que condujo a la cárcel a Ignacio González- o el de la supuesta destrucción por el PP de los ordenadores de su extesorero, Luis Bárcenas.

Otros jueces se convirtieron en letrados por circunstancias mucho más azarosas. Baltasar Garzón fundó ILOCAD (Iternational Legal Office for Cooperation and Development) tras ser apartado de la carrera debido a su condena por intervenir las conversaciones de los abogados de Gürtel con sus clientes en prisión. Elpidio José Silva, el juez condenado por encarcelar ilegalmente al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, pidio la excendencia para presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y después abrió Elpidio Silva Abogados.

Javier Gómez de Liaño, ex titular del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional también fue condenado por su instrucción “contraria a derecho” del caso Sogecable, aunque nueve años después fue rehabilitado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Pese a ello, Gómez de Liaño ha preferido mantener el despacho que abrió junto a su esposa, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado. Entre sus clientes afamados está el actor Imanol Arias, acusado de varios delitos fiscales en el ‘caso Cuéntame’.