Bruselas da dos meses a España para que aplique correctamente la directiva de retorno

El aviso tiene la forma de un dictamen motivado, en el que se advierte de que si el Gobierno español no responde satisfactoriamente a las medidas exigidas en el plazo de dos meses, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

Entre las deficiencias detectadas por Bruselas, figura que no se ha trasladado adecuadamente la "definición de retorno" a la legislación española, ni tampoco la obligación de emitir las decisiones de retorno a nacionales de terceros países.

Además, el Ejecutivo comunitario señala que la ley española no cuenta con una "definición clara" del papel del Defensor del Pueblo en su función de órgano de supervisión, de acuerdo a las reglas comunitarias.