CATALÁ PROPONE IMPEDIR POR LEY LOS INDULTOS A CORRUPTOS

- Se abre a dar más protagonismo a los jueces en el nombramiento de cargos judiciales regular las puertas giratorias. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, abogó este lunes por impedir legalmente que se pueda conceder indultos a corruptos, para llevar a la ley lo que, dijo, se ha realizado en los últimos dos años, donde no se ha otorgado ninguno de este tipo.
Lo hizo en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, en la parte de su intervención dedicada a garantizar la independencia de los jueces, de la que en cualquier caso se declaró firmemente convencido.
Catalá dijo que de los indultos se hace ahora un uso excepcional, pues se pasó de conceder en 2012 el 6% de los solicitados a conceder el 1,24% en 2015. Además, recalcó que en los dos últimos años no se ha dado ninguno por corrupción, por violencia de género o por accidentes de tráfico, y, parafraseando a Adolfo Suárez, propuso llevar a la ley lo que ya es una realidad en la práctica.
En lo referente al nombramiento de presidentes o miembros de tribunales superiores o vocales del CGPJ, apostó por evitar que los propongan parlamentos autonómicos, por dar más protagonismo a los jueces, algo a lo que dijo que no tiene “ningún inconveniente” y, en general, por explorar todas las vías sin renunciar de antemano a nada en este sentido. Además, apostó por introducir criterios de transparencia y objetividad en todos los nombramientos.
Por otra parte, Catalá apostó por regular las llamadas puertas giratorias y evitar que algunos jueces alternen judicatura con política, y dijo que entre la prohibición y la desregulación total hay muchos caminos intermedios. En todo caso, apostó por que “la ley regule de manera detallada estas situaciones”, sin dejarlas a discreción de cada persona afectada.
Finalmente, el ministro defendió que los tribunales no están para resolver cuestiones políticas e ideológicas, y en este sentido citó jurisprudencia del Tribunal Supremo para defender que se ha de poner coto a la utilización de la acusación popular para intereses políticos o espúreos.