CATALUÑA. LA DEFENSA DE RIGAU ACUSA AL GOBIERNO DE QUERER “LA MUERTE POLÍTICA” DE LOS ACUSADOS Y PONE EN DUDA LA BUENA FE PROCESAL DEL ESTADO

Jordi Pina, abogado de la defensa de la exconsejera de Educación de Cataluña Irene Rigau ha puesto en duda la buena fe procesal del Estado al presentar la querella contra la celebración de un referéndum, primero, y un proceso participativo sobre la independencia de Cataluña, más tarde, y se mostró convencido de que “el Gobierno español quiere la muerte política de los tres acusados”.
Por eso, pidió al tribunal que antes de sentenciar sobre la actuación de su representada, analice si es de rigor reprobar al Estado español, "por mala fe procesal" en este caso. Insistió en que las decisiones del Tribunal Constitucional son, por principio, declarativas y no ejecutivas y, por tanto, deben ir acompañadas de un requerimiento expreso de cumplimiento.
El letrado se mostró optimista y aseguró que "con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que tenemos sobre desobediencia y prevaricación, las defensas podemos estar tranquilas". Cuando el TC quiere que se ejecuten sus resoluciones, continuó, “necesita el auxilio de los tribunales”, según el artículo 80 de la ley que regula su funcionamiento, cosa que no hizo.
Pina empezó la exposición de sus conclusiones en la última jornada del juicio asegurando que “nunca” a lo largo de su carrera había visto a un fiscal justificando su labor en la fase de conclusiones. Además, arremetió contra la filiación política de algunos de los jueces del Tribunal Constitucional.