CATALUÑA. EL FISCAL DICE QUE EL TRIBUNAL ES “RABIOSAMENTE INDEPENDIENTE” Y “DEMOCRÁTICO”, ABSUELVA O CONDENE

- Asegura que Mas, Ortega y Rigau sabían lo que hacían y desobedecieron “de forma caprichosa y arbitraria”. El fiscal Emilio Sánchez Ulled aseguró este viernes en la última jornada del juicio por el 9-N que los acusados Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau “sabían perfectamente lo que estaban haciendo, sabían también los resultados de una desobediencia patente y clara al Tribunal Constitucional de forma caprichosa y arbitraria”. En su exposición de conclusiones hizo un alegado en defensa del tribunal, del que dijo que es “rabiosamente independiente” y será “democrático” tanto si decide absolver como si decide condenar a los acusados.
Sánchez Ulled habló por espacio de dos horas y media y expuso un informe detallado sobre las pruebas que cerró con una carga de profundidad sobre el sentido de este juicio y el valor de la democracia. Reiteró su petición de 10 años de inhabilitación para Mas y nueve para sus dos consejeras por los delitos de desobediencia y prevaricación.
El representante del ministerio público reconoció que “éste es un juicio perturbador trascendental”, que ha sometido a una fuerte presión mediática al tribunal. “He tenido la sensación de estar inmerso en una batalla entre demócratas y leguleyos en materia democrática, y esto no es así. Este juicio también es democracia, porque la democracia es muchas más cosas que las que han dicho aquí”, indicó.
Por eso no desaprovechó la oportunidad para defender la actuación de la Fiscalía, que, según dijo, “no depende del Gobierno. No hemos recibido ninguna indicación que viniera de allí, pero además, yo no lo habría consentido; que se lo crean o no me da igual”.
En ese sentido, explicó que cuando fue designado como fiscal del caso por Consuelo Madrigal se le encomendó que, dada “la particular importancia” del caso, hiciera “una valoración técnica rigurosa, ya que es un asunto delicado, y en el sentido que sea, si es de archivar, archivar, y si es de acusar, acusar”.
“ENMASCARAR” A LOS PODERES PÚBLICOS
Sánchez Ulled expuso sus conclusiones partiendo de la convicción de que “bajo la apariencia del trabajo de los voluntarios hubo una actuación enmascarada de los poderes públicos”, que en ningún momento dejaron de actuar y comandar la organización y celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
En su larga intervención, de más de dos horas, el fiscal intentó desmontar la afirmación de que a partir de la prohibición del Tribunal Constitucional, la Generalitat cesó en su actuación como poder público y dejó todo en manos de voluntarios.
Insistió en que lo que se juzga en este proceso no es la constitucionalidad de la consulta, aspecto que corresponde al TC, “aquí está en cuestión si se desobedeció una suspensión decretada por un máximo de cinco meses, que no era algo descabellado y tremendo, no si se podía hacer o no”.
De hecho, destacó el fiscal, incluso en su declaración el expresidente Artur Mas dijo que tras la suspensión por el TC “se le planteó una disyuntiva: obedecer al Constitucional u obedecer el mandato que respondía a un clamor popular. Y de eso hablamos, de si se obedeció o se desobedeció el mandato”.
En ese punto de la exposición de sus conclusiones, Mas intentó intervenir y tuvo que ser advertido por el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, que le explicó que no se puede interrumpir la exposición de las conclusiones y que tendría oportunidad de hacer las manifestaciones oportunas en el turno de última palabra.
El ministerio público insistió en que la Administración no dejó de actuar en ningún momento para la organización de la consulta tras la prohibición. Pagó a proveedores públicos los equipos informáticos, los materiales necesarios para la votación, el envío de publicidad y la instalación de las bases de datos necesarias para realizar la consulta. Y todo se hizo en un “clima de sigilo y opacidad”.
Sánchez Ulled consideró “acreditado totalmente el control de la preparación y el desarrollo” de la votación “en clara, patente y flagrante vulneración de lo ordenado por el Tribunal Constitucional”.
A su juicio, el presidente de la Generalitat asumió toda una “estrategia” de ocultación de la acción de la Administración en la que actuó de manera “concertada” con las dos consejeras acusadas, Joana Ortega e Irene Rigau.
PRESIÓN MEDIÁTICA
Tras denunciar la “presión mediática” a la ha estado sometido el tribunal, el fiscal pasó a desmontar los argumentos de la defensa. En primer lugar recordó que el mismo día 4 de noviembre hubo una reunión en la Generalitat para tratar la prohibición “y tenemos el acta de la reunión”, lo que demuestra que el Gobierno tenía conocimiento de la providencia del TC “no desde el minuto uno, sino desde el segundo uno”.
El fiscal recordó que en septiembre se produjo una situación similar de suspensión y entonces se acató el mandato del TC. “En septiembre se paró todo y se comunicó oficialmente que todo se paraba, y así se trasladó a proveedores internos y externos y se explicó a todo el mundo”, mientras que “el 4 de noviembre no se hizo nada de nada teniendo obligación de hacerlo. Y se organizó por la Administración de un modo totalmente encubierto, generando la apariencia de que todo se paraba y quedaba en manos de voluntarios”.
En este punto, el fiscal recordó que Fujitsu preparó e instaló los ordenadores usados en la consulta incluso el día 9, que las urnas y las papeletas se comenzaron a distribuir por Sertrana a los institutos a partir de las 14.00 horas del día 7 y que, en suma, buena parte de las acciones de preparación de la votación se realizaron con posterioridad a la fecha de prohibición.
El fiscal llegó a mencionar la fotografía de una pancarta en un instituto de Barcelona que indicaba el lugar de votación y llevaba el logo de la Generalitat.
De todo ello, entiende la Fiscalía, “el máximo responsable es Mas, que era consciente del mandato constitucional, de lo que implicaba, y el acusado decidió prescindir de él caprichosamente. (…) La vicepresidenta es el tronco nuclear que controlaba los procedimientos administrativos y de contratación, y la consejera de Educación tenía una determinante contribución en la apertura de los institutos y de poner los ordenadores a disposición de las mesas”.