CATALUÑA. LA REDACTORA DE LA LEY DE CONSULTAS DICE QUE DEBERÍA HABER 2.300.000 PERSONAS ACUSADAS POR PARTICIPAR EN EL 9-N

La exdiputada de ERC y redactora de la Ley de Consultas catalana, Gemma Calvet, aseguró este jueves ante el tribunal que juzga el caso del 9-N que “aquí tendría que haber 2.300.000 personas acusadas, que participaron porque quisieron” en la consulta popular, y destacó la movilización social que se produjo en esa jornada.
La declaración de la exdiputada estuvo jalonada por varias interrupciones del presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, que le instó en varias ocasiones a que se ciñera a responder a las preguntas que se le formulaban con la mayor concreción posible.
Insistió en que “en ningún momento recibió instrucciones de la Generalitat” en su calidad de voluntaria y que, como ella, más de 2,3 millones de catalanes que participaron en la votación voluntariamente deberían estar sentados en el banquillo.
Reconoció que la suspensión de la votación por parte del Tribunal Constitucional supuso “fricciones políticas importantes” y que esa fue la razón que la animó a apuntarse como voluntaria del proceso participativo.
En esa jornada se encargó de recibir y acompañar a varios observadores internacionales de Quebec (Canadá), que ha vivido varias votaciones sobre su independencia.
Por su parte, Carles Fernández, exjefe de la oficina de comunicación de la entonces vicepresidenta Joana Ortega, explicó que sus funciones consistían en transmitir que se celebraría la votación y en difundir que siempre se realizaría de acuerdo con la ley. El 4 de noviembre, cuando se suspendió la consulta, dejó de dar órdenes a los funcionarios a su cargo.
VOLUNTARIOS
Durante la cuarta jornada del juicio contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau declararon varios testigos que fueron voluntarios durante la celebración de la consulta acerca de los mecanismos que utilizaron para inscribirse y cómo recibieron instrucciones sobre sus funciones.
En su declaración del lunes pasado, Mas insistió en que a partir del momento en que el referéndum se cambió por un proceso participativo, todas las tareas relaciones con su diseño y organización corrieron a cargo de 42.000 voluntarios, sin la participación de funcionarios de la Generalitat.
Estos testigos fueron una voluntaria coordinadora en el Instituto Carles Rahola de Girona, un suplente de la demarcación de Vall d'en Bas (La Garrotxa), un vocal de mesa en el IES Pau Vila de Barcelona, un voluntario en el IES Roda de Ter de L'Escala (Alt Empordà) y un vocal de mesa en Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat).
Todos ellos se mostraron convencidos de que la organización de la votación corrió a cargo de voluntarios. Relataron que se apuntaron en la web para colaborar voluntariamente y recibieron instrucciones sobre sus tareas por vía telemática. Joan Maria Vallvé, voluntario de mesa en un Instituto de Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), aseguró que se enteró de “las decisiones del TC a partir de los medios de comunicación”.
David Fernández, voluntario de mesa en el IES Pau Vila de Barcelona, explicó que cuando un ciudadano se acercaba a votar se consignaban en los ordenadores “la dirección y los apellidos y el ordenador comprobaba si coincidían”, pero no supo aclarar con qué base de datos se comparaban los facilitados por el votante, simplemente “el programa lo determinaba”. Lo que sí afirmó es que “nadie se identificó como funcionario de la Generalitat” en esa jornada.
Manuel Antonio Gallart, que fue voluntario en el IES Roda de Ter de L'Escala (Alt Empordà), manifestó que se ocupó de supervisar, identificar a los usuarios y sustituir algún miembro de la mesa para que descansara. Asimismo, indicó que conoció las tareas que debía desarrollar a partir de unos manuales publicados en la página web participa2014.cat.
Anna Palet, alcaldesa de Vilanant (Alt Empordà), declaró también este jueves como testigo de la defensa. Explicó que cedió un espacio municipal para realizar la votación porque no hay instituto en el pueblo. Ella en persona fue la responsable del local como voluntaria y confirmó que “no hubo ningún funcionario de la Generalitat que se hiciera cargo de ninguna tarea del 9-N”.
También confirmó que no recibió ningún correo electrónico que la advirtiera de la suspensión de la consulta a raíz de la prohibición del Tribunal Constitucional. Simplemente, dijo, recibió una carta desde la Delegación del Gobierno que no interpretó como un requerimiento.
Finaliza la ronda de testigos declararon dos guardias civiles como peritos del funcionamiento de la página web de la consulta. Los especialistas no pudieron garantizar la cadena de custodia del sistema informático más que desde el momento en que la Fiscalía se lo entregó.
Además, los guardias civiles advirtieron de que “el código está incompleto” y que en algunos casos “no concuerda con la página web participa2014.cat”. Pese a ello, indicaron que la web sobre la consulta se replicó por muchos voluntarios, lo que hace que aunque la web original desaparezca, su contenido continúa siendo accesible.