EL TC DECIDIRÁ SOBRE EL CONFLICTO ENTRE GOBIERNO Y CONGRESO POR LAS INICIATIVAS PARA SUSPENDER LAS REVÁLIDAS Y MODIFICAR EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

El Gobierno planteará conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC) por la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de rechazar su veto contra la admisión a trámite de dos proposiciones de ley del PSOE, una que pedía suspender la aplicación del calendario de la Lomce y otra para modificar el Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los subcontratados, por lo que será el Alto Tribunal el que decida si ambas iniciativas pueden seguir su trámite.
Así lo anunció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el portavoz del Ejecutivo y titular de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien afirmó que esta decisión busca “asegurar el derecho que tiene el Gobierno a oponerse a cualquier iniciativa legislativa que implique aumento de gastos o disminución de ingresos”.
“De no ser así, los Presupuestos Generales del Estado carecerían de toda virtualidad”, y agregó que “es una previsión que existe en todos los países democráticos”. En su opinión, las dos propuestas socialistas implicaban una disminución de ingresos y por eso el Ejecutivo ejerció su derecho de veto y pidió a la Mesa del Congreso que reconsiderase la admisión a trámite.
“La Mesa no lo hizo, así que decidimos elevar un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo” ante el Tribunal Constitucional. “Esto es absolutamente normal, pues los conflictos de atribuciones existen y cuando se dan lo lógico es recurrir al guardián de la Constitución para que establezca quién tiene razón”, declaró.
En su intervención, Méndez de Vigo insistió en que este acuerdo busca “salvaguardar los derechos constitucionales del Gobierno y que se respeten las reglas del juego”. Como ejemplo puso el caso de las reválidas de la Lomce, cuyo aplazamiento ya fue resuelto mediante la aprobación de un decreto-ley en diciembre para suspender sus efectos académicos hasta la consecución del Pacto de Estado por la Educación.
Por tanto, “no es este un tema que incida sobre el fondo de la ley, sino sobre los derechos constitucionales del Gobierno”, concluyó.