LA MESA DEL CONGRESO APLAZA LA DECISIÓN SOBRE LAS INICIATIVAS VETADAS POR EL GOBIERNO

La Mesa del Congreso de los Diputados decidió este martes aplazar la posición sobre los vetos del Gobierno a dos iniciativas parlamentarias hasta estudiar el informe proporcionado por los servicios jurídicos de la Cámara.
La Mesa del Congreso decidió semanas atrás levantar el veto del Gobierno a dos iniciativas parlamentarias, una sobre paralización de la aplicación de la Lomce y otra sobre modificación del Estatuto de los Trabajadores para garantizar derechos laborales a los subcontratados.
Se trata de dos proposiones de ley y el Gobierno las vetó, junto a otras, en aplicación del artículo de la Constitución que le otorga esa potestad cuando entiende que la aprobación de la iniciativa comportaría una alternación de los ingresos o los gastos del Estado aprobados en los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, después la Mesa decidió levantar el veto en esos dos casos concretos por entender que supone tal alteración de ingresos y gastos, y de hecho ambas fueron tomadas en consideración por el Pleno y comenzaron así su tramitación parlamentaria.
El pasado 18 de noviembre el Consejo de Ministros pidió formalmente a la Mesa del Congreso que revoque esa admisión a trámite con el argumento, expuesto por el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, de que paralizar la aplicación de la Lomce "pone en riesgo 600 millones de euros" procedentes de fondos europeos. Aseguró que en ambos casos la Constitución y la ley asisten al Ejecutivo para pedir esa revocación.
En su reunión de este martes, los miembros de la Mesa recibieron un informe jurídico de los letrados del Congreso que estudiarán a lo largo de la semana para intentar tomar una decisión en la reunión del próximo martes.
Recordaron, no obstante, que el plazo legal para responder a ese requerimiento del Gobierno es de un mes a partir de la entrada de la petición en la Cámara, es decir, hasta el próximo 21 de diciembre.
La Mesa del Congreso podría dar la razón al Gobierno y revocar la toma en consideración de esas dos proposiciones o bien mantener su criterio y seguir adelante con la tramitación, en cuyo caso el Ejecutivo tendría la opción de plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional.