EL CONGRESO RECHAZA QUE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA GESTIONE EL 0,7% DEL IRPF

La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados rechazó este jueves, con 26 votos en contra, cinco votos a favor y cinco abstenciones, una proposición no de ley presentada por el PDECat (Grupo Mixto) que instaba al Gobierno a “territorializar por comunidades autónomas los recursos recaudados en la asignación tributaria del IRPF destinada a fines de interés social correspondiente”.
La proposición, que fue defendida por el diputado del PDECat Sergi Miquel, pedía al Gobierno ceder a cada comunidad la recaudación que se haya obtenido de las declaraciones efectuadas en su territorio en concepto de la citada asignación, propuesta que fue duramente criticada por los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos.
Miquel hizo hincapié en que el objetivo de esta proposición no es otro que “dar cumplimiento a las 13 sentencias del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo que dan la razón a la Generalitat de Cataluña respecto al reparto de la gestión de los fondos procedentes del 0,7% del IRPF”, ante las cuales “el Gobierno ha hecho oídos sordos y no ha cumplido ni una”.
“El pasado 19 de enero aparece una nueva sentencia del Tribunal Constitucional que se refiere a las anteriores sentencias y da la razón a la Generalitat, por lo que pide que esos fondos y la gestión del 0,7% del IRPF destinados a programas y fondos sociales pasen a la Generalitat”, indicó el diputado del PDECat, que detalló que ”lo que dice la sentencia es que, al final, cuando 13 sentencias te sientan jurisprudencia, lo que debes hacer es cumplirlas”.
La proposición solo recibió el apoyo explícito del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Olòriz, que dijo ponerse “al lado” del “menos fuerte”, que a su juicio son “las comunidades autónomas”.
“MEDIDA INSOLIDARIA”
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Francisco Igea señaló que lo que propone el PDECat es que “el 0,7% de cada comunidad se quede en cada comunidad independientemente de las necesidades sociales”, lo cual “no es constitucional, no es solidaridad y no lo haremos”.
“No pediremos a nuestro Gobierno que se salte la ley y no nos quejaremos amargamente de las sentencias del Constitucional mientras nos son contrarias y las alabaremos como dogma cuando nos son favorables; esto no lo haremos”, dijo Igea, que razonó su voto en contra aduciendo que “lo que nos piden es que nosotros no cumplamos con un deber constitucional, que es el de la solidaridad entre todos los españoles”.
En este sentido, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Bienvenido de Arriba indicó que “el Tribunal Constitucional ha dictado sentencia en la que estima parcialmente el conflicto positivo de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña, instando al Gobierno a que aborde sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones a fin de acomodarlo para futuras convocatorias a la doctrina constitucional”.
“Esta sentencia no anula la convocatoria y reconoce al Estado la competencia para seguir determinando los objetivos los requisitos que deben reunir las entidades beneficiarias, los criterios para determinar las cuantías de las subvenciones y los programas prioridades y requisitos de la convocatoria”, remarcó De Arriba.
“EL GOBIERNO ESTÁ TRABAJANDO”
De Arriba indicó al PDECat que “nosotros precisamente no tenemos problemas de desobediencia de los tribunales” y afirmó que “el Gobierno está trabajando para dar cumplimiento a esta sentencia”, porque “la lealtad constitucional obliga a todos”.
El Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea evitó pronunciarse sobre esta proposición de ley y se abstuvo finalmente en la votación.
Por su parte, diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Guadalupe Martín opinó que “urge encontrar una fórmula que, siendo respetuosa con la doctrina constitucional, sea acordada con las comunidades autónomas y con las entidades del Tercer Sector” y que termine con “la incertidumbre a la que están sometidas las entidades del Tercer Sector y darles estabilidad en los programas de interés general que ellas desarrollan”, pero votó en contra de esta proposición al no estar de acuerdo con “los términos de la propuesta”.