En el caso de la Fisevi y de Fimabis, además, en la contratación del personal de estructura se ha utilizado "indebidamente" el contrato de obras y servicios, ya que este tipo de contratos corresponde con la realización de un proyecto específico de investigación, mientras que las tareas indicadas en el contrato son las ordinarias de administración de la fundación.
"Estos hechos podrían tener como consecuencia, entre otras, la de que este personal adquiriera la condición de indefinido, con posterioridad a un proceso judicial", ha subrayado.
El ente fiscalizador ha apuntado que las tres fundaciones no aplicaron las normas dictadas en 2012 por el Consejo de Gobierno y la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía para cumplir con los compromisos adquiridos por la comunidad en materia de reducción del déficit público.
Ya en 2014, la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Hacienda emitió un informe que concluía que el personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de proyectos estaba excepcionado de la medida de reducción de jornada de trabajo con efectos en las retribuciones "por constituir un ámbito excluido y al que resulta inaplicable en virtud de la normativa básica estatal". Así, las tres fundaciones han iniciado y ejecutado expedientes de reintegro durante el ejercicio 2015 sólo al personal de estructura.
Por último, la Cámara de Cuentas ha señalado que las cuentas anuales del ejercicio 2013expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de estas tres fundaciones.
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