Entre los asistentes destacaban el primer ministro británico, David Cameron, el secretario de Estado de EE.UU. John Kerry, los ministros de Justicia de Alemania, Heiko Maas, e Italia, Andrea Orlando, el ministro de Finanzas francés, Michel Sapin, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, o el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
En este foro, Catalá ha defendido en la capital británica la necesidad de aprovechar los acuerdos existentes a nivel internacional para establecer como una prioridad la lucha contra la corrupción más allá de las fronteras.
Ha destacado además la importancia de aplicar una mayor transparencia en cuestiones presupuestarias y fiscales para disuadir a los evasores de impuestos y dejar expuestos a aquellos que hacen un mal uso del dinero de los contribuyentes.
DENUNCIAS CIUDADANAS
Por otro lado, el titular de Justicia ha defendido la necesidad de facilitar a los ciudadanos la posibilidad de informar de los casos de corrupción que conozcan, sin que deban tener temor a posibles represalias.
En relación con las medidas legales necesarias para perseguir y castigar los comportamientos relacionados con la corrupción, Catalá ve imprescindible el trabajo internacional conjunto para que los corruptos no puedan refugiarse más allá de frontera alguna.
De este modo, España se suma a los esfuerzos de la comunidad internacional encaminados a erradicar la corrupción, considerando que la transparencia es la mejor arma, sobre todo en lo relacionado con la titularidad real de las sociedades y regímenes fiscales.
En ese sentido, el ministro de Justicia ha manifestado su preocupación por la existencia de territorios cercanos cuyo sistema legal aún permite mantener en secreto identidades y datos tras los cuales pueden ocultarse individuos corruptos, así como criminales y terroristas, causando un daño considerable tanto a España como a toda la comunidad internacional en su lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Por eso, Catalá ha hecho un llamamiento a los Gobiernos para garantizar la transparencia en sus propios países y en los territorios cuyas relaciones exteriores asumen, para conseguir que ésa sea la norma internacional a seguir.
Sobre las medidas legales a adoptar, el ministro de Justicia ha enumerado algunas de las múltiples reformas legislativas emprendidas por el Gobierno español durante la última legislatura con el objetivo de luchar contra la corrupción en el ámbito público como la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y la Ley reguladora del Ejercicio del Alto Cargo.
Igualmente, Catalá ha recordado que España ha aprobado una normativa de financiación de los partidos políticos en materia de donaciones, fiscalización, contabilidad o contratación que introduce por vez primera su responsabilidad penal en materia fiscal o de Seguridad Social.
Además, dentro de esta lucha contra la corrupción, Rafael Catalá considera necesario que se pueda realizar un seguimiento de los activos robados para que sean restituidos a sus legítimos propietarios y los corruptos reciban un mensaje claro de que no habrá impunidad para sus actos.
Siguiendo esta filosofía de devolución de lo robado, ha señalado por Catalá en Londres, se ha establecido en España una nueva regulación del decomiso de los instrumentos, bienes, efectos o ganancias de los delitos, ampliando la persecución a todo el patrimonio del condenado. La puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos servirá para optimizar esos frutos obtenidos del decomiso y asegurar la restitución de las indemnizaciones a las víctimas.
La profunda actividad legislativa del Ejecutivo también ha alcanzado el ámbito privado en el que han surgido normas como la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo con el fin de velar por el buen funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de las empresas nacionales y promover un control interno más riguroso.
El Código Penal contempla novedades para este sector, como el castigo para el pago de sobornos con el fin de obtener ventajas competitivas, la introducción de la administración desleal del patrimonio ajeno dentro del catálogo de delitos patrimoniales y la exigencia de responsabilidad penal a las personas jurídicas, dentro de un marco de autorregulación y basado en el concepto de compliance en la empresa.
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