Cataluña, Aragón, Asturias y Andalucía piden una financiación finalista del Sistema para la Dependencia

Esta petición ha sido formalizada por las cuatro comunidades autónomas a través de un voto particular presentado antes de la reunión de cierre de la Comisión para el análisis de la Situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que ha tenido lugar este martes 5 de septiembre en la sede del IMSERSO en Madrid.

Tras la reunión, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, ha señalado que "la financiación no puede ser una financiación incondicionada" y que el objetivo "fundamental" del Gobierno de Aragón de lograr una "mayor financiación" no se ha visto reconocido.

"En el núcleo fundamental que es en la financiación no hemos llegado al acuerdo fundamental. Exigimos al Ministerio la corresponsabilidad de la Administración General del Estado en la financiación de la dependencia", ha subrayado Broto, al tiempo que ha asegurado que siguen teniendo "una diferencia fundamental".

El objetivo de la Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia es elaborar un informe técnico en el que se contemplen los análisis y las conclusiones sobre la sostenibilidad y los mecanismos de financiación en relación con las necesidades actuales del sistema. Dicho informe será presentado para su discusión en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria.

MEJORA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha destacado que las conclusiones de la Comisión han sido la revisión del modelo de financiación, la revisión de la Ley de Dependencia con sus prestaciones y un acuerdo para mejorar las condiciones económicas del sistema en los próximos cuatro años.

Concretamente, ha afirmado que están en "condiciones de comenzar a trabajar en una revisión de lo que sería la Ley de Dependencia", con el objetivo de "ajustarla a las necesidades nuevas del sistema y a los nuevos requerimientos que exigen las prestaciones asistenciales y sociales del siglo XXI". "Reconocemos que hay que mejorar el sistema y hemos acordado que en el horizonte de los próximos cuatro años el Gobierno se compromete a mejorar las prestaciones del sistema", ha anunciado.

"Hemos alcanzado un amplio consenso. Ayer la Generalitat de Cataluña, junto con la Diputación General de Aragón, el Principado de Asturias y la Junta de Andalucía presentaron un voto particular al documento que se les había enviado para informe y para aprobación el 31 de julio. Lo han enviado 16 horas antes de que se celebrara la reunión de cierre", ha explicado Garcés.

Respecto al voto particular, ha apuntado que las cuatro comunidades autónomas pretenden que "la financiación se convierta en finalista". "Las comunidades autónomas entienden que los fondos que reciben son insuficientes y la Administración del Estado defiende insistentemente que los fondos que aporta son suficientes, porque sostiene que la suma de los fondos que reciben las comunidades autónomas se nutre tanto de los fondos finalistas como de los fondos incondicionados que les llegan a través del modelo de financiación autonómica, que se calcularon en el año 2012 sobre la base del número de dependientes que había en cada comunidad", ha defendido Garcés.

Además, ha añadido que se va a "integrar" el contenido de ese voto particular dentro del informe, que derivarán al Consejo Territorial extraordinario de Servicios Sociales, a los consejeros de Hacienda y, posteriormente, al grupo de expertos de financiación autonómica.

El secretario de Estado se ha mostrado "muy satisfecho" de los acuerdos alcanzados y ha agradecido el "esfuerzo" de todas las comunidades autónomas por "mantener el equilibrio". "Prácticamente en el 95% del contenido del informe tenemos consenso absoluto entre las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, la Generalitat de Cataluña y nosotros mismos", ha celebrado.

Por último, Garcés no ha querido hacer un ejercicio de comparación entre comunidades autónomas porque, en su opinión, "unas podría salir mejor paradas que otras". "He pedido desde el primer momento que no intoxiquemos el debate de la dependencia con razonamientos políticos. Hay comunidades autónomas en las que apenas hay lista de espera como Castilla y León y hay otras con una lista de espera cercana a las 100.000 personas, pero ese no es el debate", ha concluido.