El Govern ha aprobado este martes el proyecto de ley de puertos y transporte en aguas marítimas y continentales, que actualiza la norma de 1998 con el objetivo de poner los puertos al servicio de la promoción económica y pretende potenciar la colaboración público-privada y la náutica deportiva como elemento dinamizador y estratégico.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha afirmado en rueda de prensa que se trata de una ley "de gran ambición, pensada para la Catalunya de hoy y concebida para ser viable en una Catalunya con plena ambición nacional".
Entre lo que ha motivado el impulso de la nueva normativa figura, además del crecimiento de la náutica deportiva, la modernización del sector pesquero, el incremento del tráfico portuario comercial e industrial, la necesidad de adaptar los puertos a los requerimientos de las nuevas embarcaciones de gran eslora y del tráfico de cruceros, y el incremento generalizado de la actividad económica vinculada al sector y de la presencia de la iniciativa privada.
Catalunya tiene 780 kilómetros de costa y el sistema portuario está integrado por 45 puertos de titularidad de la Generalitat; en 44 hay actividad náuticodeportiva, en 18 hay también actividad pesquera, cinco tienen actividad comercial y tres reciben cruceros.
El proyecto de ley fija una nueva organización administrativa portuaria, de forma que la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad será la responsable de la planificación y la ordenación, y la empresa pública Puertos de la Generalitat gestionará todos los puertos del sistema, ya sea directa o indirectamente mediante empresas concesionarias.
Para generar más actividad económica y materializar nuevas inversiones en infraestructuras y servicios portuarios, la nueva normativa establece un régimen jurídico contractual que pretende promover la colaboración público-privada, con concesiones para la construcción de obra pública portuaria y concesiones de gestión portuaria.
CLASIFICACIÓN DE PUERTOS DEPORTIVOS
El proyecto de ley pretende promover las actividades náuticas, de ocio, deportivas y culturales asociadas y, como novedad, prevé que los puertos deportivos se identifiquen por categorías de acuerdo con la calidad de sus instalaciones y sus servicios, con un sistema similar al de las estrellas de los hoteles.
En Catalunya hay cerca de 33.000 amarres, el 66% de los cuales son para embarcaciones de menos de ocho metros de eslora, y la ley pretende velar para que el sistema ofrezca un número "razonable" de amarres destinados a la náutica popular --embarcaciones que no superen los siete metros de eslora-- y potenciar la navegación deportiva a vela.
PLANIFICACIÓN
El proyecto de ley plantea la planificación del sistema portuario en tres niveles: el sectorial a través del Plan de Puertos 2016-2030, actualmente en redacción; el urbanístico, mediante un Plan Director Urbanístico Portuario (PDUP); y la ordenación portuaria de la zona de servicio, para recoger cierta flexibilidad en los usos establecidos en el PDUP.
Rull ha defendido que se incorpora la figura del PDUP con el objetivo de que los puertos formen parte de la realidad urbana: "No queremos puertos aislados, sino muy bien conectados con las ciudades".
Otro aspecto a remarcar del proyecto es la creación del Consejo de Puertos como órgano de consulta y asesoramiento entre el sector y la administración, que estará formado por representantes de las administraciones competentes en la materia y de todos los sectores vinculados al ámbito portuario.
POSIBLE IMPUGNACIÓN
Rull ha defendido que la ley evidencia la vocación de Catalunya por ser un Estado independiente, y preguntado por si teme una impugnación ante el Tribunal Constitucional (TC), ha expuesto que lo ve "difícil" porque asegura que el redactado de la norma no deja margen para recurrirla.
Sin embargo, no ha descartado que llegue esta impugnación, ironizando que el Gobierno central en los últimos años ha evidenciado que es capaz incluso de "recurrir el pensamiento" y ha concluido que por parte del Estado se puede esperar todo.
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