La Audiencia Nacional da un trato VIP a Rajoy en Gürtel no previsto en la ley

La Audiencia Nacional ha dado un trato preferente a Mariano Rajoy en su declaración como testigo en el caso Gürtel. En lugar de ser la secretaria del tribunal del principal caso que afecta al PP la encargada de citarlo como a cualquier ciudadano, ha sido el propio presidente del órgano judicial, José Ramón Navarro, quien ha decidido gestionar personalmente este acto pese a que su intervención no está prevista en la ley. Fuentes de la Audiencia aseguran que fue el propio Navarro quien entendió que debía trasladar el llamamiento a Moncloa al tratarse de una comunicación “de institución a institución”.

El catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III Víctor Moreno Catena asegura que “no existe ningún artículo que establezca un privilegio especial para citar al presidente del Gobierno como testigo”. “Más allá de la prerrogativa de declarar cuando menos se afecte a sus funciones, la citación sigue el mismo régimen que la de cualquier ciudadano”, añade. Es decir, una vez acordada la declaración por el tribunal, es el secretario judicial [ahora denominado letrado de la administración de justicia] el que debe enviar la citación, que en este caso debería ir dirigida a la presidencia del Gobierno.

Sin embargo, la convocatoria para que testifique Mariano Rajoy en la Audiencia Nacional por el juicio de Gürtel ha trascendido ampliamente la normalidad del trámite a la que se refiere el académico y ha generado cierto nerviosismo en el tribunal. No solo por el dispositivo de seguridad que implicará, también por el protocolo para citarlo. Al final, la solución adoptada difiere radicalmente del criterio del profesor.

El jefe del Ejecutivo no ha sido citado por la secretaria judicial de la sección segunda -la que juzga el caso Gürtel- como cualquier otro testigo. Su llamamiento ha sido, cuando menos, excepcional y diseñado para el cargo que desempeña la segunda autoridad del Estado solo detrás del Rey. A pesar de que la ley no prevé nada similar para estos casos, la citación a Rajoy la ha gestionado y enviado la más alta personalidad institucional del tribunal: el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro.

Aún así, el trámite se ha enfrentado a varios obstáculos y desencuentros. Citar a un presidente del Gobierno puede ser un trámite normal, como sostiene el catedrático, pero no deja de ser un hecho insólito en el funcionamiento de la Audiencia. Hasta el punto de que, una vez que el tribunal adoptó la decisión de llamarlo el 30 de mayo, una funcionaria telefoneó a Moncloa para preguntar dónde había que enviar la cédula. La reacción de Presidencia del Gobierno no tardó en llegar. Desde el gabinete del presidente llamaron de vuelta al tribunal. Querían saber quién era esa señora que se había comunicado con ellos.

Esos mismos problemas se produjeron con la citación del presidente del Senado, Pío García Escudero. En un principio fue la letrada de la administración de justicia de la sección segunda la que lo incluyó en la citación junto con otros cinco testigos cuya comparecencia aprobó el tribunal en la misma resolución. Fuentes de la Audiencia Nacional aseguraron que, finalmente, “se subsanó el error” para que fuera José Ramón Navarro quien la gestionara personalmente con la Cámara, como en el caso de Rajoy.

El viernes, el tribunal acordó, a petición de la directora de gabinete de García Escudero, que la fecha para su declaración fuera la misma que la del presidente del Gobierno, el 26 de julio. La diligencia en la que se recoge ese día concreto ordena, además, que se le envíe copia al presidente de la Audiencia Nacional “a los efectos oportunos”, es decir, para que se lo comunique al testigo.

Desde la Audiencia Nacional admiten que un trato de tanta deferencia desde los jueces y magistrados hacia altas personalidades del Estado citadas como testigos no está recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la que regula los juicios penales. Pero que fue el propio Navarro, el presidente del tribunal quien entendió que debía ser él quien comunicara las citaciones a Moncloa y al Senado “de institución a institución”.

A diferencia del jefe del Ejecutivo, el presidente del Senado no pidió a la Audiencia declarar por videoconferencia -algo que los magistrados rechazaron en el caso del presidente del Gobierno- aunque por su cargo también tenía derecho a hacerlo. Aun así, desde un punto de vista mediático, declarar el mismo día que el jefe del Ejecutivo le dará cierta ventaja: todos los titulares los copará Rajoy.