Los magistrados imponen al docente 15 años de máximo cumplimiento y 25 años de libertad vigilada una vez que sea excarcelado. Además, condena al colegio al pago de indemnizaciones de hasta 50.000 euros como responsable civil de los hechos.
En un comunicado, el colegio explica que desde que conoció el caso en mayo de 2013 se pusieron en marcha "todos los protocolos y medidas" para esclarecer los hechos.
Aludiendo a la sentencia de la Audiencia, recuerda que la dirección inició el preceptivo expediente informativo de comprobación de veracidad, animando a las familias a denunciar los hechos.
Por ello, recalca que desde un primer momento se pusieron a disposición de las familias afectadas. Iniciado el proceso penal, se le apartó de su actividad profesional como profesor del mismo. Finalmente, se le despidió en abril de 2014 cuando los hechos imputados cobraron certeza.
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