El Consorcio Urbanístico Móstoles Sur perdió 4 millones de euros tras la compra de preferentes de Caja Madrid en 2009

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo autonómico ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado la compra de preferentes por parte del Consorcio Móstoles Sur en 2009.

La operación se realizó en 2009, año en que el Consorcio adquirió participaciones preferentes a Caja Madrid por un valor de 10 millones de euros. Tras su venta, en el año 2013, la operación se saldó con unas pérdidas cercanas a los cuatro millones de euros.

En el momento en el que la Comunidad de Madrid detectó la operación, se reunió al Consejo de Administración del Consorcio Móstoles-Sur para recabar información sobre esta compra de preferentes y constató que no existía ningún documento en el que se reflejara la operación, que debería haber sido aprobada por el Consejo de Administración.

Ahora, toda la información recabada se ha puesto a disposición de la Justicia para que sea ésta la que decida si se ha cometido alguna irregularidad por parte de las personas que en el momento de la compra ocupaban los puestos del Consejo de Administración -tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Móstoles, entonces gobernado por el popular, Esteban Parro-, que eran los encargados de tomar las decisiones.

Además el Gobierno regional ha solicitado un informe a la Abogacía de la Comunidad para conocer si es posible recuperar el dinero invertido.

ANOMALÍAS EN UN CONTRATO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 2016

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha trasladado a la Fiscalía la existencia de determinadas anomalías detectadas por los funcionarios en la acreditación de los medios humanos y técnicos de un contrato de formación de autónomos y emprendedores por importe de 67.000 euros.

El contrato en cuestión fue adjudicado en noviembre de 2016 por concurso público a la Cámara de Comercio y ante las anomalías detectadas, el Ejecutivo autonómico inició el procedimiento para la resolución del contrato, así como la incautación de la garantía definitiva, superior a los 3.000 euros, por lo que los cursos de dicho lote no se han llegado a impartir.

De la misma manera, el personal del centro gestor informó de las incidencias a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, quien tras analizar el expediente, dio instrucciones para que se pusiera en conocimiento de la Fiscalía para que determine si los hechos pudieran ser constitutivos de alguna ilegalidad.

La presidenta autonómica ha avanzado este lunes estas dos actuaciones tras defender que el de Madrid es "un Gobierno honrado y transparente". "En mi Gobierno no ha habido ni un solo caso de corrupción", ha afirmado la popular, quien ha puesto en valor el "estricto" Código Ético del PP de Madrid y las medidas contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática como el Portal de la Transparencia o el Plan de Regeneración Democrática.