Según ha recordado la formación naranja en un comunicado a los medios, la base 29 reconoce al presidente de la Ciudad y a los miembros del Gobierno ceutí que, como Vivas, son funcionarios en situación de servicios especiales, el derecho a percibir ese plus "cuando el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases de Régimen Local establecen que estos empleados públicos sólo tienen derecho a los trienios reconocidos en cada momento".
"Mientras ese concepto es abonado por la Administración de origen, con la residencia se atribuye a la Ciudad sin amparo legal alguno la obligación de hacerse cargo indebidamente de su pago tanto a los funcionarios propios como a los de otras administraciones", argumenta Cs.
Actualmente, Vivas, cuatro de sus consejeros --los de Gobernación, Medio Ambiente, Presidencia y Educación, Jacob Hachuel, Emilio Carreira, Mabel Deu y Javier Celaya, respectivamente--, y la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocío Salcedo, compaginan sus retribuciones como cargos políticos con esa indemnización.
El único diputado autonómico de Ciudadanos, Javier Varga, estima que si el TSJA asume el argumentario de su formación todos ellos deberían devolver un total de "unos 300.000 euros", lo cobrado durante los últimos cuatro años, que solo en el caso del presidente ascendería a 71.000 euros (a razón de unos 1.300 al mes).
Según Cs, este régimen retributivo se implantó "durante los años del GIL en el Gobierno de la Ciudad" y el PP lo perpetuó con una "interpretación interesada, porque es imposible que no sepan que no les corresponde", que le permite "fijar unas retribuciones aparentemente más bajas de lo que lo son en realidad" para cargos como Vivas, que cobra un total de 87.534,14 euros al año, aproximadamente un diez por ciento más que Rajoy.
La demanda de Ciudadanos también cuestiona que el Gobierno de Ceuta esté cumpliendo el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias (excluidos los trienios de los funcionarios de carrera en servicios especiales), que en el caso de la ciudad autónoma "se fija en 75.000 euros".
"Además", añade la demanda, "las retribuciones para el presidente y los miembros del Gobierno se han incrementado un uno por ciento sobre las del Acuerdo Plenario de 2010, aplicándose directamente el aumento contemplado en la Ley de Presupuestos del Estado para el personal al servicio del sector público, pero no para los cargos electos de las entidades locales".
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