Defensas de Fernández, Cabieces y Alcorta creen que el fiscal no está legitimado para acusar por administración desleal

Las defensas del expresidente de Kutxabank Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta han solicitado el archivo de la causa por presuntos pagos irregulares del banco vasco a Cabieces, al entender que existe "acusación indebida" por administración desleal, ya que porque la entidad bancaria, como supuesto perjudicado, no ha presentado denuncia judicial y la Fiscalía no está "legitimada" para iniciar el procedimiento.

Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación popular han pedido que se desestimen todas las cuestiones previas propuestas por los tres defensores y han asegurado que la mayoría de ellas ya han sido resueltas durante la instrucción y la tramitación del caso.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha iniciado este lunes, con la exposición de las cuestiones previas, el juicio contra Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafael Alcorta imputados por los pagos supuestamente irregulares por importe de 243.592 euros a Cabieces del banco vasco durante el mandato de Mario Fernández, a través del bufete de Alcorta.

La Fiscalía remitió al Juzgado en febrero de 2015 tras poner los hechos en su conocimiento Kutxabank, al considerar que había indicios de la comisión de delitos en estos pagos. El propio Fernández, posteriormente, abonó al banco la cantidad de los pagos, mientras que Kutxabank decidió no presentarse como acusación.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para los acusados por administración desleal o tres por apropiación indebida. La acusación popular, ejercida por LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE, Hiru, EKA y la plataforma de pensionistas de Euskal Herria, solicita tres años y medio de cárcel para el exdelegado del Gobierno en el País Vasco y el abogado Rafael Alcorta, y dos años y tres meses de prisión para el expresidente de la entidad financiera.

La sesión de este lunes se ha dedicado a la exposición de las cuestiones previas planteadas por las defensas, sobre las que el tribunal deberá resolver en los próximos días para concluir si debe continuar el juicio. También han sido aportadas nuevas pruebas documentales por parte de la defensa de Rafael Alcorta.

Las tres defensas han solicitado el archivo de la causa, ya que, según ha indicado el abogado de Mario Fernández, Carlos Bueren, "la relación jurídica de las acusaciones con los hechos no está justificada". Según ha indicado, "en ningún caso, el fiscal puede acusar por administración desleal si el perjudicado no se ha dirigido al Juzgado para querer iniciar el proceso". "Eso es lo fundamental", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que Kutxabank "nunca acordó ejercitar ninguna acción penal" y, además, manifestó que renunciaba a iniciarla durante el procedimiento. A su entender, el fiscal y la acusación popular califican de "fraude de ley" los hechos como delito de administración desleal porque "el único perjudicado es Kutxabank y el único legitimado para calificar así los hechos no ejercita ninguna acción".

"No entendemos la actuación del Ministerio Fiscal si no es porque pretende la celebración de un juicio donde están sentados un relevante político y un más que relevante banquero", ha afirmado el abogado, que ha considerado que la acusación popular tampoco tiene capacidad para formular la acusación.

Asimismo, el abogado de Mario Fernández también ha expresado su sorpresa por la investigación efectuada por el Ministerio Fiscal "que duró diez días" y ha afirmado que "pudo en un tiempo prudencial delimitar los hechos, y evitarnos este juicio".

Por su parte, el letrado defensor de Rafael Alcorta, Javier Beramendi, y el de Mikel Cabieces, Jesús Urraza, se han sumado a los argumentos de Bueren. Beramendi ha incidido en que "solo el ofendido decide denunciar y qué denuncia". También el abogado de Mikel Cabices ha subrayado que la voluntad de no ejercer acciones penales por parte de Kutxabank es "clarísima", teniendo en cuenta el Consejo del 26 de diciembre de 2014.

En este sentido, ha manifestado que el banco vasco trasladó a la Fiscalía los hechos tras "ordenárselo" los órganos de supervisión del Banco de España y el Banco Central Europeo. "Esto no es lo que pretende exigir el Código Penal" al respecto, ha indicado.

Sobre el delito de falsedad, la defensa de Mario Fernández ha manifestado que "han evolucionado tanto las posiciones de las acusaciones que no sabemos si se acusa de una factura, de toda la documentación que se ha utilizado y qué relevancia tiene eso en relación a la participación de Mario Fernández". "Se dice que actuó en connivencia sin precisar qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacer. Desde luego, nada en relación con la elaboración de la factura o la creación de la factura", ha señalado su abogado.

El letrado de Alcorta ha apuntado, de igual modo, que no se sabe "exactamente en qué factura" se basa la acusación, por lo que, ante esa "inconcreción", resulta "bastante difícil que nos podamos defender".

La defensa de Mikel Cabieces ha denunciado, asimismo, que, teniendo en cuenta distintas resoluciones del Tribunal Supremo, se habrían vulnerado los derechos de protección de datos y de intimidad de su cliente al "bucear" en sus cuentas bancarias "aprovechando que era cliente" de Kutxabank. Además, ha indicado que las acusaciones le acusan de presunta falsedad en documento cuando el auto de acomodación de diligencias previas no se lo imputa.

DESESTIMAR LAS CUESTIONES PREVIAS

Por su parte, tanto Fiscalía como la acusación particular han pedido que se desestimen las cuestiones previas planteadas por las defensas. El representante del Ministerio Fiscal ha subrayado que "existe clarísimamente el requisito de procedibilidad" y ha insistido en que el traslado por parte de Kutxabank de los hechos "sí es una denuncia".

Asimismo, ha indicado que el banco no se personó en el proceso, pero los informes elaborados en este procedimiento "han sido absolutamente contundentes y demoledores respecto a la irregularidad de la actuación que se estaba denunciando".

El fiscal ha señalado, además, que existen "motivos sobrados" para la denuncia de este caso, como "la propuesta en que Mario Fernández da a sus subordinados unas indicaciones de cómo disponer del dinero del banco para la consecución de unos fines perjudiciales para la entidad", las facturas del despacho de Alcorta "supuestamente infladas", o el cheque bancario emitido por el presidente de Kutxabank por un importe de 243.000 euros a la entidad "cuando recaba algún tipo de explicación".

Asimismo, ha subrayado que no se puede sostener que exista "una indefensión material" cuando "todo el procedimiento ha sido sobre los mismo hechos" y se han "fijado con claridad suficiente". Según ha señalado, la propia juez instructora asumió la calificación de los hechos, y la imputación "la convalida" también el auto de mayo de 2016 de la Audiencia Provincial sobre recursos de las defensas.

Por su parte, la abogada de la acusación popular, Jone Goirizelaia, ha defendido que la cuestión sobre la falta de legitimidad de la acusación es "extemporánea" y no se ha vulnerado "ningún derecho fundamental". Además, ha indicado que los sindicatos a los que representa "se consideran perjudicados y ejercitan la acción popular porque son perjudicados plurales en su interés".

A su entender, las cuestiones previas planteadas tienen "muy poco sustrato jurídico" y han sido propuestas por las defensas en "su interés de que el procedimiento no siga adelante", pero "conscientes de que la mayoría de ellas ya han sido resueltas y que los autos que se han dictado durante la instrucción del procedimiento y la tramitación del mismo ya son conclusiones que permiten que el juicio se celebre el día 14". Por ello, Goirizela confía en que el procedimiento "siga adelante".