Así lo ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo, celebrada en la Cámara Alta. El documento fue registrado el pasado viernes 12 de mayo en el Parlamento y este mismo martes ha sido entregado a los senadores y diputados que forman parte de la Comisión.
Becerril ha detallado el informe realizado en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), del que forma parte esta guía. El objetivo de la misma es difundir los criterios que, a juicio del Defensor del Pueblo, deben ser tenidos en consideración, en actuaciones que requieran el empleo de las mismas.
Los criterios contenidos en esta guía han dado lugar a recomendaciones dirigidas a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) y al Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.
Entre las recomendaciones, el MNP considera que las esposas metálicas no se deben emplear durante varias horas y recuerda que están indicadas únicamente para la realización de sujeciones de escasa duración (como traslados entre departamentos), siendo obligatorio el uso de las sujeciones de material textil para inmovilizaciones.
Además, recalca que las celdas preparadas específicamente para la realización de inmovilizaciones deben tener las condiciones adecuadas: estar bien ventiladas e iluminadas; en buen estado de limpieza; disponer de medios para regular la temperatura; una cama articulada y anclada al suelo situada en el centro de la estancia; las correas preparadas y listas para su utilización, e interfonos o timbres de llamada al alcance de los internos.
Según recuerda el documento, las inmovilizaciones solo han de aplicarse excepcionalmente cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida, y ponderando la necesidad de aplicación en cada caso particular.
Además, señala que las inmovilizaciones han de durar el tiempo mínimo imprescindible y que deben existir normas claras e impartirse cursos de formación específica para los funcionarios. En este sentido, cree que debe mejorarse la formación del personal en la aplicación de medios coercitivos y, en particular, impartir cursos especiales sobre la aplicación de correas.
La contención, tal y como recoge el texto, ha de aplicarse de manera proporcional y la persona inmovilizada debe estar acompañada primero de alguien que le explique el motivo de la medida y asuma un papel de rebajamiento de la tensión y, en todo caso, ser permanentemente supervisadas dejando constancia del control. "Debe insistirse en la necesidad de registrar correctamente la aplicación de los medios coercitivos, diferenciando la aplicación de esposas metálicas de las correas textiles de tipo psiquiátrico, y los que tengan carácter regimental de aquellos aplicados por razones médicas", añade.
Junto con ello, subraya que la comunicación al Juez de Vigilancia Penitenciaria del inicio y cese de la aplicación de medios coercitivos ha de tener lugar con carácter inmediato, "no siendo correcta la práctica de remitir la información al juzgado varios días e incluso semanas después de los hechos".
Además, la guía recoge un pormenorizado procedimiento de desescalada cuya finalidad es alcanzar una política de "cero sujeciones" y un sistema organizativo institucional que las considere como un último recurso.
Becerril ha explicado que, en 2016, el MNP realizó 101 visitas a centros de privación de libertad y efectúo 352 resoluciones de las cuáles la Administración ha aceptado el 88 por ciento.
El MNP inspeccionó centros situados en toda España. Se visitaron cuarteles de la Guardia Civil, comisarías del Cuerpo Nacional de la Policía, de la Policía Local, de la Policía Autonómica, calabozos de edificios judiciales, salas de inadmitidos y de solicitantes de asilo en puestos fronterizos, centros de internamiento de extranjeros, centros penitenciarios, centros para menores infractores, centros sociosanitarios, unidades de custodia hospitalaria y se supervisaron traslados de extranjeros.
PROBLEMAS DE LAS RECLUSAS
La Defensora del Pueblo ha destacado las 11 visitas realizadas a centros penitenciarios en los que existen módulos de mujeres y ha recordado que, al ser las mujeres sólo el 7,42% de la población penitenciaria, "tienen problemas específicos, que se derivan de la situación de minoría".
Así, ha puesto como ejemplo los problemas para cumplir condena cerca sus familias al no existir módulos de mujeres en todas las cárceles; la escasez de puestos de trabajo para mujeres en los centros penitenciarios y la necesidad de incrementar los módulos preparados para acoger a internas con hijos menores de tres años.
En su intervención, Soledad Becerril también ha subrayado la importancia que la institución concede a la sanidad penitenciaria y a conseguir que las prestaciones sanitarias tengan el mismo alcance y eficacia en el ámbito penitenciario que para el resto de los ciudadanos.
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