El portavoz del Grupo Socialista, Saturnino Alcázar, ha sido el encargado de defender esta moción que pide permitir que las entidades locales reinviertan su superávit en 2017 sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe a través de una autorización legal para que esa reinversión surja de la prórroga presupuestaria de los PGE.
La moción también recuerda que la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local ha planteado que les permita utilizar el superávit, que este año ronda los 4.500 millones de euros, en relación a lo cual Alcázar ha remarcado que esta cuestión debería ser "extensiva" a todos los municipios españoles para que el Gobierno "estime esta propuesta" dado que los ayuntamientos ya han hecho "un esfuerzo importantísimo ante la estabilidad presupuestaria" y el "saneamiento de sus cuentas".
También ha abogado por que el Gobierno permita la reinversión del superávit "para poder activar la economía de nuestros municipios", mientras que el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha reconocido que las administraciones locales han hecho "un esfuerzo importante" para "sanear" sus cuentas y liquidar sus presupuestos con superávit y que es "importante" pedir al Ejecutivo que les deje "reinvertir" dicho superávit.
Los dos grupos también han aprobado por unanimidad una moción en defensa del cava extremeño y que pide al Gobierno de España que se oponga a las "pretensiones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 'Cava' que supongan restricciones a la plantación, crecimiento y desarrollo" de su producción en la región por "conllevar las mismas limitaciones en cuanto a las opciones de acceso al mercado y a las oportunidades de futuro para los viticultores y sector agroindustrial ligado al producto".
Al respecto, Alcázar ha expuesto que esta moción se presenta en defensa del cava extremeño y de los intereses de Tierra de Barros donde se produce mayoritariamente en la región este vino espumoso que supone una "gran" generación de actividad económica y puestos de trabajo, mientras que Barrios ha mostrado el "apoyo decidido" del Grupo Popular en este mismo sentido y en concreto a Tierra de Barrios y el término municipal de Almendralejo.
OTROS ASUNTOS
La sesión plenaria correspondiente al mes de diciembre ha dado cuenta de un informe complementario de Intervención al presupuesto de la diputación para 2017 como consecuencia del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado día 2 por el que se reduce en una décima la cantidad que había servido de referencia para el cálculo del techo de gasto aunque, como ha puntualizado el diputado de Economía, Manuel Borrego, no es necesario realizar ninguna modificación o declaración de no disponibilidad de créditos.
También en el área de Economía se ha dado cuenta de otro informe relativo al cumplimiento de los plazos previstos en la Ley sobre medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en relación al cual Borrego ha concretado que el periodo medio de pago de la diputación se sitúa entre los seis y los nueve días.
De igual modo, se ha aprobado por unanimidad una propuesta de denuncia del acuerdo de la comisión mixta de traspaso del Hospital Psiquiátrico 'Adolfo Díaz Ambrona' de Mérida a la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo relativo a la obligación de la Diputación de Badajoz de transferir a la Junta el coste efectivo del traspaso.
En relación a este punto, la vicepresidenta primera, Virginia Borrallo, ha expuesto que la diputación entiende que han finalizado "las obligaciones adquiridas de manera voluntaria" para "colaborar en el sostenimiento de competencias impropias como consecuencia del proceso de traspaso del Hospital Psiquiátrico de Mérida".
Barrios ha recordado que las competencias sanitarias corresponden al Servicio Extremeño de Salud (SES) y ha agregado que, de este modo, se podrían ahorrar cerca de 8 millones de euros al año que se pueden revertir en los municipios pacenses para ejecutar competencias que sí le son "propias", mientras que Saturnino Alcázar ha recalcado que los servicios jurídicos entienden que esta "parte" del convenio está "extinto" y que existen conversaciones con la Junta y hay "buena disponibilidad" para "finiquitar este convenio".
Cabe destacar que el pleno ha comenzado con una intervención de Gallardo en la que ha condenado la situación que se vive en España con respecto a la violencia de género y también los hechos registrados este lunes en Turquía y Alemania en los que "todo indica" que se trata de un "nuevo atentado terrorista".
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