La medida, que ha contado con el voto en contra del PSOE y la abstención de C's e IULV-CA, ha sido aprobada con los apoyos del equipo de gobierno (PP), cuyo portavoz, Javier Aureliano García, ha criticado que tengan que verse "solos" ante este tipo de decisiones tienen por objetivo que "Galasa no cierre" y evitar así que 96 trabajadores "vayan a la calle", según ha mencionado.
El portavoz ha asegurado que la Diputación quiere defender Galasa "desde lo público", si bien ha insistido que el problema sobre la gestión del agua en la zona del levante almeriense "lo tienen los municipios", quienes son los que ponen a disposición de la empresa unas instalaciones determinadas. "Si los municipio dan tuberías rotas, se gestionan tuberías rotas", ha añadido García, quien ha reconocido que también es necesario acometer inversiones valoradas en 30 millones de euros de las que la Diputación debe aportar "la mayoría" del capital.
"Las pérdidas de agua no son de Galasa, son de los municipios", ha insistido el vicepresidente, quien ha recalcado que los problemas están en la red de distribución a la baja, donde se registran pérdidas y anomalías sobre el 43 por ciento del suministro.
En cualquier caso, ha recordado que en caso de no corregir las pérdidas de la entidad, esta debe disolverse el 1 de diciembre, por lo que ha requerido a los grupos de la oposición "buscar una solución" y dejar de lado cuestiones de partido puesto que, según ha dicho, "el agua es muy apetecible políticamente hablando".
Ante esta cuestión, el portavoz del grupo del PSOE en la Diputación, Juan Antonio Lorenzo, ha recalcado su disposición de "mano tendida" para solucionar los problemas de Galasa, aunque han apuntado que su postura y la del equipo de gobierno están "muy alejadas". "Tenemos que ponernos de acuerdo, no solo con la subida de las tarifas", ha dicho Lorenzo, quien ha manifestado que el voto en contra de su bancada está en "coherencia" con decisiones anteriores y el no haber llevado en primer lugar el objeto de debate a los municipios afectados.
Esta cuestión también ha sido afeada por la portavoz del grupo de IULV-CA, María Jesús Amate, quien ha lamentado que los vecinos tengan que asumir "la mala gestión de los políticos" mediante una revisión tarifaria a fin de amortiguar la deuda de 40 millones de euros de la entidad, según sus cifras.
ARBITRAJE HIPOTECARIO
El pleno también ha aprobado con la unanimidad de todos los grupos el establecimiento de un sistema de arbitraje relacionado con productos financieros e hipotecarios y la solicitud de adhesión genérica al sistema de contratación centralizada del Estado y de adhesión específica al acuerdo marco de vehículos industriales, bajo el que se facilita un camión de bomberos para el parque de Albox.
También ha obtenido 'luz verde' una moción de urgencia impulsada por el PP en apoyo a Hortiespaña mientras que la propuesta de IU para la creación de las becas 'Almería, tierra de cine' ha quedado rechazada tras aprobar con los votos del PP el dictamen desfavorable de la comisión de cultura basado en la falta de competencias en materia educativa de la Diputación.
El PSOE también ha visto rechazada su proposición relativa al plan de pago a proveedores mediante la que pretendía que la Diputación instara al Gobierno de España a efectuar una quita o conceder una moratoria de dos años a los ayuntamientos para el pago de los intereses derivados de este plan pese al intento del portavoz del PP de negociar los términos de la misma y eliminar la petición de quita ya que, según ha interpretado, sería "injusto" para los municipios que ya han asumido sus pagos íntegramente.
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