El sindicato interpuso el pasado 18 de julio una demanda ante la Audiencia Nacional para impugnar este I Convenio Colectivo Estatal de Restauración Colectiva, firmado por la patronal FEAR y los sindicatos CC.OO. y UGT, por "vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva". El juicio se celebró este pasado 21 de septiembre y está pendiente de conocerse la resolución de la Audiencia.
Tras esta sesión, representantes del sindicato, encabezados por su secretario general, Adolfo Muñoz, y el jurista Luis Enrique de la Villa, representante de ELA en este proceso, han explicado este miércoles los principales puntos de su demanda. En concreto, el sindicato ha solicitado a la Audiencia Nacional la nulidad de las cláusulas que impiden la negociación en un ámbito inferior al estatal por entender que exceden los límites del ordenamiento vigente, de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y la Constitución.
En caso de que el tribunal considere que está "autorizado" por las reformas laborales, ELA pide que se plantee una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia de la UE para confrontar la normativa euroropea con el derecho comunitario. Asimismo, se solicita el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por considerar que, en ese caso, el Estatuto de los Trabajadores vulnera derechos fundamentales.
La intención de ELA es agotar la vía judicial estatal y acudir a los tribunales europeos, "más garantistas", para denunciar que el marco legal vigente posibilita su "exclusión" de un espacio propio de negociación colectiva, lo que supone "una vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva reconocidos en la normativa comunitaria e internacional".
"LA VÍA POLÍTICA ESTÁ SORDA"
El secretario general de ELA ha afirmado, por otro lado, que "echamos de menos posiciones políticas en el ámbito vasco que concluyan que es un problema político". De este modo, ha advertido de que "esto se puede resolver de dos formas", un "largo proceso" judicial o también "una reforma legal".
No obstante, ha lamentado que "hoy la vía política está sorda" porque, según ha denunciado, "los ajustes en el ámbito público se están haciendo aplicando convenios de estado".
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