FAMMA E ICADE FORMAN A ENTIDADES SOBRE LA PROTECCIÓN FRENTE A LA RESPONSABILIDAD POR DELITOS SEXUALES DE SUS TRABAJADORES

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe) ha impartido, con la colaboración de la Clínica Jurídica de Icade, una formación para sus entidades miembro sobre la defensa jurídica de las ONG ante los posibles delitos sexuales a menores cometidos por trabajadores o voluntarios.
La iniciativa parte del riesgo de que las organizaciones sean consideradas responsables civiles subsidiarias ante actuaciones delictivas de su personal, ya sea contratado o voluntario, en el ejercicio de su actividad dirigida a menores de edad. Por ello, la jornada estaba especialmente dirigida a asociaciones y organizaciones dedicadas a la atención y asistencia a niños.
La formación, a la que asistieron presidentes y miembros de distintas entidades miembro de Famma, corrió a cargo de Ana Orozco, Pilar Pastor e Ignacio de la Peña, alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, coordinados por la directora de la Clínica Jurídica, la doctora Concha Molina.
Los formadores abordaron la cuestión desde la perspectiva legal de la última reforma de la Ley de Protección del Menor en 2015, que establece la obligación de aportar un certificado negativo de antecedentes por delitos de naturaleza sexual para todos los profesionales y voluntarios que trabajen con menores.
Famma pretende aportar toda la información necesaria a las asociaciones y organizaciones que forman parte de la federación y responder a todas las dudas que surjan sobre cómo obtener las certificaciones y en qué casos podrían ser consideradas responsables civiles subsidiarias, teniendo que hacer frente al pago de las indemnizaciones en el caso de que el autor del delito no pueda hacerse cargo del mismo, lo que suele ocurrir frecuentemente.
Mientras anteriormente la responsabilidad subsidiaria recaía en la organización sin ánimo de lucro cuando se demostraba alguna infracción de las normas en el contexto del delito, con la modificación de la normativa dicha responsabilidad se le achacará a la ONG si ésta no ha solicitado el certificado negativo de antecedentes por delitos sexuales. Con ello se busca una protección aún más efectiva a los menores expuestos a esta clase de delitos.
Durante la formación también se abordaron la posibilidad de contratar un seguro no obligatorio de responsabilidad civil que responda al pago de las posibles indemnizaciones y las medidas que, de todas maneras, las ONG deben tener en cuenta a la hora de evitar, además de ser consideradas responsable civil subsidiaria, que se cometan los delitos de naturaleza sexual.