"Se pretende que los jueces y tribunales españoles, por lo que a crímenes internacionales se refiere, puedan ejercer su jurisdicción independientemente de la nacionalidad de las víctimas o del lugar en el que fueron cometidos los presuntos delitos".
ERC defiende la justicia universal como una "conquista irrenunciable" que se debe preservar "con independencia de la nacionalidad o residencia de las personas agresoras y de sus víctimas". "El Estado español tiene el deber de hacer comparecer ante la justicia a los autores de delitos de derecho internacional", argumenta.
En el escrito, registrado por la diputada Ester Capella, se critica los cambios que se hicieron sobre este tema tanto por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009, limitando el ámbito de actuación al introducir la exigencia de una conexión relevante con España, como en 2014, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy "llegó a liquidar el principio de jurisdicción universal".
ERC considera que España no puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por la que la jurisdicción universal "no tiene condicionamientos ni limitaciones por razón de país o sujetos activos o pasivos del delito".
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