Mañas solicitó prestar declaración de manera voluntaria "a la vista del estado en el que se mantienen estas actuaciones" y pese a que en su día se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, todo ello con el objetivo de "contribuir lealmente a aclarar los hechos y la total ausencia de responsabilidad delictiva en su actuación".
Cabe recordar que, en un auto dictado el 17 de noviembre de 2015, la juez María Núñez Bolaños acordó incoar diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas e incluyó dentro de esta pieza separada a 51 ex altos cargos de la Junta.
En el auto se señala que, de los hechos reseñados, pudieran ser penalmente responsables 51 personas, entre las que se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), como son los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Gaspar Zarrías.
La juez abrió diligencias previas para continuar la instrucción de forma separada por "la posible existencia de un delito continuado de prevaricación", por hechos relativos a la participación "activa y consciente" de estas 51 personas en el diseño y puesta en marcha del denominado procedimiento específico.
Dentro de esta pieza separada, la magistrada incluye también a los exconsejeros Antonio Fernández y Magdalena Álvarez, a varios exviceconsejeros y exresponsables del IFA/IDEA, a los que fueran miembros del Consejo Rector, y al que fue responsable de los servicios jurídicos de la Junta, Francisco del Río.
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