El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado este viernes el procesamiento de 47 personas bajo la acusación de integrar presuntamente el denominado frente de makos (EPKK, por sus siglas en euskera), o frente de presos de la banda terrorista ETA.
El frente de makos es un grupo de mediadores y de coordinadores que tradicionalmente han hecho de transmisores entre la dirección de ETA y los presos de la banda en las diferentes cárceles españolas.
En este grupo de personas ha habido muchas veces abogados que se encargan de supervisar y ejecutar, desde el exterior, las órdenes de ETA en el interior de las cárceles, contando con la independencia y la autoridad suficientes para actuar de forma autónoma en nombre de la banda.
Según el auto dictado este viernes por el magistrado de la Audiencia Nacional, los ahora acusados habrían realizado labores de control de presos de la banda bajo la cobertura de los distintos entes de los que formaban parte, entre ellos el colectivo de abogados BL, la organización de apoyo a presos Herrira, la asociación de asistencia sanitaria Jaiki Hadi o la de familiares de reclusos Etxerat.
En un auto de 104 páginas el juez va desgranando el funcionamiento y estructura del entramado que forma el denominado frente de cárceles, desarticulado en las operaciones Jaque, Mate y Pastor practicadas en enero de 2014, enero de 2015 y marzo de ese mismo año.Dependiendo de ETA
El magistrado hace un análisis de cada uno de los órganos que conforman esta estructura, entre ellos el denominado KT (Koordinazio Taldea/Grupo de Coordinación) cuya función principal era dirigir el Euskal Preso Politikoen Kolektiboa (EPPK) de forma integral.
A juicio de Velasco, el organismo también era utilizado por ETA para "dirigir y dar directrices generales al conjunto del frente de cárceles garantizando la cohesión de sus miembros y su fidelidad" a la banda terrorista.
Sus miembros son "plenamente conocedores de su dependencia orgánica de ETA y que su actividad contribuye a los fines" de ésta, dice el juez.
Entre sus presuntos integrantes se encuentran Arantza Zulueta, Jon Enparantza y otros seis procesados por pertenencia a organización terrorista. Los dos primeros en grado de dirigentes. Naia Zurriarán, por su parte, lo está por colaboración.
Tesoreros
Según el auto, el magistrado sostiene que existe un Núcleo de Coordinación/Koordinazioa Gunea-KG, que es el órgano permanente y estable formado por las organizaciones que integran el “frente de cárceles”.
La misión de ese KG es la transmisión de las necesidades económicas de las organizaciones que participan en sus reuniones, al objeto de una mejor distribución de los fondos económicos que obtiene Herrira a través de su estructura denominada Red Sostengu.
La labor jurídica la prestaría el Colectivo de Abogados-BL, al que la resolución identifica como un grupo de letrados cuya función consiste en la asistencia jurídica y política de los presos de ETA, de la que se deriva adoctrinamiento y control a través de rondas carcelarias sistemáticamente organizadas.
También se les imputa la tarea de recopilar información sobre los reclusos que posteriormente remiten a la banda terrorista. De su ámbito de actuación quedan excluidos aquellos presos que se han arrepentido y han asumido la legalidad penitenciaria, como los que se han acogido a la vía Nanclares.
Entre este grupo de abogados, procesados por integración o colaboración con organización terrorista, se encuentran Alfonso Zenón, Kepa Mancisidor, Eukene Jauregui, Ane Ituiño, Aiert Larrarte, Ainhoa Baglietto, Arantza Aparicio, Onintza Ostolaza, Haizea Ziluaga, Amaia Izko, Jaione Carrera y Atxarte Salvador. El abogado Iñaki Goyoaga está siendo investigado por estos hechos por el Tribunal Supremo por su condición de senador.Relevo de Gestoras
Respecto de Herrira, el juez asegura que ha ocupado el vacío organizativo dejado por las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía y Askatasuna en el control y cohesión de los presos, así como que se encargaba de planificar, convocar y dar el soporte a los actos de enaltecimiento de los presos de ETA y de su ideario.
Herrira también se encargaba supuestamente de la ayuda económica a los presos a través de su aparato de tesorería Sostengu. La investigación ha permitido determinar que las cantidades abonadas por Herrira eran de 125 euros para presos encarcelados en España y de 155 para los que están en Francia u otros países.
Todos los miembros de la Dirección Nacional de Herrira eran conscientes de que sus actividades, enmarcadas en el EPPK, respondían a su integración en ETA y la financiación de dicho frente, explica la resolución del juez.
Los 19 integrantes de la Dirección Nacional son procesados por integración o colaboración con organización terrorista, enaltecimiento del terrorismo de forma continuada y quebrantamiento de la medida cautelar de prohibición de actividades.
El auto del Juzgado Central de Instrucción 6 también analiza las actividades desarrolladas por miembros de la asociación Jaiki Hadi de asistencia sanitaria y psicológica a miembros del EPPK dentro del “frente de cárceles” y de Etxerat, cuyos responsables ahora procesados se encargaban de coordinar las actividades de esta asociación de familiares de presos siguiendo “las directrices de ETA”.
Blanqueo de capitales
Asimismo, desentraña las fuentes de financiación del entramado y señala que Herrira identifica en sus balances hasta 13 fuentes gracias a las cuales obtiene los recursos, que eran supervisados y distribuidos por la denominada Sostengu en función de las necesidades de cada una de las estructuras.
De forma paralela al auto de procesamiento, el juez Eloy Velasco ha abierto una pieza separada para investigar posibles delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y contra los derechos de los trabajadores.
Siguiendo el criterio de la Fiscalía, el juez ha ordenado la busca y captura e ingreso en prisión a través de una Orden Europea de Detención y Entrega cursada a Francia para Emilie Martín por su liderazgo en Herrira.El Auto del Juez Velasco
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