La Embajada de Francia suspende a Pablo Broseta como cónsul en Valencia por su investigación en el caso del Palau

EUROPA PRESS

Broseta está citado a declarar como investigado --figura que sustituye al anterior término de imputado-- para el próximo 5 de mayo. La decisión de suspenderle de sus funciones la ha hecho pública la Embajada en un comunicado que ha colgado en su página web.

Según ha explicado la Embajada, "habida cuenta de la situación de Don Pablo Broseta, convocado el próximo 5 de mayo por la Justicia española, se ha tomado la decisión de suspenderlo, como medida cautelar, de sus funciones de Cónsul Honorario en Valencia hasta que la Justicia se haya pronunciado".

No obstante, la Embajada explica que un agente del Consulado General de Francia en Madrid destinado en Valencia "se encarga diariamente de dar servicio a los ciudadanos franceses, con lo que se siguen atendiendo las solicitudes de documento nacional de identidad o de viaje así como las urgencias durante el horario habitual de atención al público".

La jueza del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia decidió la pasada semana investigar en el caso a Pablo Broseta, cónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe, y a otros dos miembros de consejos de administración de empresas al sospechar que presuntamente participaron de forma activa en las contrataciones investigadas.

La decisión de la instructora se produjo una vez recibió el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal sobre la documentación y el material informático incautado por los investigadores en los registros practicados en enero de 2015 en dependencias del Palau y relacionadas con los dos principales imputados, la que fuera intendente del coliseo, Helga Schmidt, y el ex director financiero, Ernesto Moreno.

En relación con Pablo Broseta, según la jueza, del informe de la UDEF se desprende que participó "de forma activa" desde su posición en las irregularidades y se revela que la labor de la empresa del cónsul ahora suspendido cautelarmente "sería de mero intermediario, generando los contratos con Radcliffe un aumento desproporcionado e injustificado de los servicios prestados".

Las notas reflejan que esa labor "fue de mera intermediación, lo que hace aún más inexplicable este enorme sobrecoste". Además, añade la magistrada que los que realmente realizaron los trabajos fueron dos empresas que ya habían trabajado con anterioridad para el coliseo a coste menor.

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