Expertos afirman que el juez del caso Transperfect vulnera su potestad jurisdiccional

El juez de la Corte Suprema de Delaware, André Bouchard, estaría infringiendo los límites de su potestad jurisdiccional y vulnerando los derechos a la intimidad y libertad de expresión de la plantilla de Transperfect en Barcelona, según expertos consultados próximos a la multinacional de traducción y doblaje.

El centro operativo de Barcelona, que cuenta con 500 trabajadores, es el segundo más grande de la empresa y está liderando la creación de un comité de empresa a nivel europeo, aglutinando 26 centros, para ser interlocutor del diálogo social ante cualquier cambio organizativo que se produzca ante el conflicto que mantienen los fundadores.

Fuentes judiciales han apuntado que la "Orden de Implementación" que se decretó al principio del conflicto conlleva importantes implicaciones legales no sólo para los trabajadores de Transperfect en Estados Unidos, sino especialmente para el centro operativo de Barcelona.

Esta batería de medidas legales estaría fuera del poder de influencia de Bouchard y supone una "extralimitación de sus competencias", afirman los expertos, tras recordar que Robert Pincus, administrador judicial nombrado por Bouchard para este periodo de transición, estaría actuando como si "en virtud de la orden de implementación dictada por el juez, los empleados en España estuvieran bajo su supervisión y orden", algo contrario a derecho.

Bajo esta imposición, recuerdan, los trabajadores de Transperfect en Barcelona están obligados a colaborar, a riesgo de sanción, en la venta de la compañía y no pueden hacer valoraciones, a pesar de conocer las posibles consecuencias que podría tener para el centro de la capital catalana.

Hace pocos meses, la Corte Suprema de Delaware decretó la venta forzosa de Transperfect para resolver el conflicto accionarial entre sus fundadores Phil Shawe y Elizabeth Elting.

Según fuentes próximas, la más que probable venta de la multinacional a un fondo de capital privado podría desembocar en la deslocalización de los 90 centros de Transperfect a nivel mundial y pondría en peligro los 500 puestos de trabajo de la compañía en Barcelona.