Expertos lamentan la "ineficacia" de la lucha contra la piratería en España frente a Italia y Portugal

Expertos lamentan la "ineficacia" de la lucha contra la piratería en España frente a Italia y Portugal
Expertos lamentan la "ineficacia" de la lucha contra la piratería en España frente a Italia y Portugal
EUROPA PRESS
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En concreto, en Italia se han bloqueado 169 webs en menos de dos años, según datos facilitados por Giovanna De Sanctis, experta de la unidad Copyright de la Autoridad para la garantía de las

comunicaciones (AGCOM).

Tal y como ha destacado, se de la circunstancia de que el modelo italiano tomó de referencia para su diseño el procedimiento administrativo español de salvaguarda, con excepción del carácter independiente de la comisión.

Según ha señalado De Sanctis, desde el inicio de la actividad de la AGCOM hace dos años se han iniciado el 74,8% de los procedimientos, con una eficacia "contrastada". Así, el 51% de los sitios denunciados han

sido bloqueados, y el 38% han retirado los contenidos infractores.

Por su parte, António Paulo Santos, presidente de MAPINET, un organismo independiente formado por los principales actores del sector cultural y de las telecomunicaciones, ha detallado el funcionamiento del modelo portugués.

En este sentido, Portugal ha bloqueado desde septiembre de 2015 más de 330 sitios web infractores, incluyendo tanto páginas de descargas como de streaming. Además, más de 84 millones de obras pirateadas han sido retiradas de Internet en un año "y no ha habido ningún problema legal con ninguno de esos bloqueos".

El experto portugués ha explicado que los sitios afectados pueden presentar la documentación que acredite que tienen autorización para ofrecer los contenidos y lograr que se levante de inmediato el bloqueo.

Estas cifras contrastan con las obtenidas en España en esta materia. El pasado mes de enero La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) cumplió un año de su entrada en vigor y, a esa fecha, se habían bloqueado cinco páginas web que facilitaban de forma ilegal contenido protegido, sin imponer ninguna multa en este sentido, según señalaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación y Cultura.

No obstante, esta cifra es aún inferior atendiendo a los datos facilitados a Europa Press de la Coalición de Creadores, que apunta al cierre únicamente de dos páginas webs en todo este periodo --'Goear' y 'The Pirate Bay'--.

Según señalaba Cultura en enero, la medida que tuvo un "mayor efecto" en la lucha contra la piratería había sido las resoluciones de la Audiencia Nacional para el bloqueo de cinco páginas que se encuentran entre los sitios web más destacados en cuanto al número de visitas, por lo que la disminución de la piratería tuvo una consecuencia "muy directa".

En líneas generales, desde el inicio del funcionamiento de la LPI en España, resultaron afectadas 261 páginas, de las que 78 eran webs de enlaces. Del total de estas páginas, en 252 casos se retiraron todos los contenidos ilegales y 33 páginas cesaron por completo su actividad.

LOS EXPERTOS, CRÍTICOS CON LA REFORMA

En una segunda mesa, diferentes especialistas españoles han reflexionado sobre estas cifras. Tomás González Cueto, abogado

del Estado y experto en las industrias de contenidos, ha incidido en que España "podría ser capaz de impulsar la vía administrativa, que se está demostrando eficaz en los países del entorno español para lograr un descenso de la piratería".

Mientras, Lucas Blanque, ponente del dictamen del Consejo de Estado sobre el proyecto de ley de reforma del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ha recordado que en el Consejo de Estado "se llamó mucho la atención la composición de la Comisión de la Propiedad, así como la cantidad de dificultades que se ponen a la protección de la propiedad intelectual".

Por último, José Guerrero Zaplana, magistrado Coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, ha ironizado con el hecho de que "si esto no funciona --y está de acuerdo en que no funciona--, por una vez no es culpa de los jueces". El magistrado ha lamentado que no hayan llegado a los tribunales más casos, responsabilizando de ello a las características del proceso implantado por el legislador.

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