Facua-A advierte de "un nuevo recorte" de 400.000 euros para las políticas de consumo

En una nota, Facua-A ha señalado que tras anunciar la puesta en marcha de un nuevo 'Plan Estratégico de Protección al Consumidor', la Junta de Andalucía ha decidido recortar un 28 por ciento las partidas presupuestarias destinadas a promover acciones en defensa de los consumidores a través de las organizaciones de la sociedad civil.

Así, en 2017 las tres líneas de subvenciones para el desarrollo de actuaciones desde las asociaciones y federaciones de consumidores serán recortadas en 401.069 euros. De los 1.441.000 euros presupuestados el año pasado, finalmente sólo destinó 1.273.646, un 11,6 por ciento menos. Ahora, acaba de reducir la cuantía prevista para este ejercicio a 1.039.931 euros, con lo que el recorte es ya del 27,8 por ciento. Las políticas de Consumo están en manos de la Consejería de Salud, que dirige Aquilino Alonso.

Facua-Andalucía ha advertido de que si ya era precario el presupuesto global para estas políticas en los últimos años, el de 2017, con una reducción global del 3,3 por ciento, no permitirá mejorarlas. "No se destinan más recursos a la acción administrativa ni tampoco para reforzar el papel de las organizaciones de consumidores, apartado en el que acaba de decidirse un recorte de casi la tercera parte, tal y como refleja la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este miércoles", ha subrayado .

Facua-A ha denunciado que la Junta "recorta" los presupuestos destinados a la protección de los consumidores y la lucha contra el fraude mientras anuncia "a bombo y platillo grandilocuentes políticas". La realidad, según ha destacado la federación, es que el Gobierno andaluz tiene "ralentizadas las políticas de consumo, para las que sigue además sin aumentar el número de funcionarios dedicados a controlar un mercado plagado de fraudes masivos y cuyo trabajo se ve frustrado por la falta de recursos".

"El Gobierno andaluz no está impulsando los cambios necesarios para acabar con el estado catatónico en el se encuentra la protección al consumidor en la Junta desde hace años", ha subrayado, a la par que ha apuntado que, más allá de los insuficientes recursos económicos, la federación critica la falta de voluntad política para enfrentarse con contundencia ante los fraudes masivos que sufren los consumidores.

De esta manera, ha explicado que, en los contados casos en que la Junta emprende actuaciones ante ellos, acaba imponiendo sanciones "ridículas" en comparación con el beneficio ilícito obtenido por las empresas.