La fiscalía se opone a los recursos presentados por el expresidente catalán, Artur Mas, y las consejeras Irene Rigau y Joana Ortega ante el Tribunal Supremo contra sus respectivas condenas por desobedecer las órdenes del Tribunal Constitucional de paralizar el la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó el pasado 13 de marzo a Mas a dos años de inhabilitación, a Ortega a un año y nueve meses, y a un año y seis meses a Irene Rigau, estas últimas como cooperadoras necesarias.
El Ministerio Público considera que los tres condenados llegaron a “un acuerdo estratégico” para lograr el objetivo de “incumplir el mandato del Tribunal Constitucional”, de impedir la celebración de la consulta. Y eleva el grado de participación de Rigau, la exconsejera de Educación que prestó los centros educativos como colegios electorales, de cooperadora necesaria a coautora “sin perjuicio de que la pena en ambos casos sea la misma”.Libertad ideológica
En el caso de Mas, Fiscalía refuta uno por uno los nueve motivos del recurso del expresident. Muchos de ellos ya fueron ventilados por la Sala de lo Penal del Supremo en su sentencia que condenó a Francesc Homs, exconsejero de Presidencia, a un año y un mes también por desobediencia.
Entre ellos se encuentra la aportación de la posición de la Junta de Fiscales catalana, que se opuso a la presentación de la querella contra los miembros del gobierno de la Generalitat. Al igual que Homs, también alega la falta de obligatoriedad de las providencias del Constitucional, y en concreto de la que le obligó a paralizar la consulta. Y asegura que no desobedeció intencionadamente, sino por error.
Además, Mas argumenta en su recurso que actuó en “estado de necesidad”, ya que la obediencia automática de la orden del TC “generaba un estado de peligro para legítimos intereses de gran parte de la ciudadanía catalana, así como riesgo para el orden público e incluso la integridad de personas y bienes”.
Por último, el expresident asegura que tanto él como sus consejeras, actuaron para preservar el ejercicio de derechos fundamentales básicos por parte de los ciudadanos que participaron en el proceso. Y entre ellos considera vulnerado el de libertad ideológica, de expresión y a la participación en asuntos públicos. Tanto el suyo como el de los que participaron en la consulta.
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