La Fiscalía pide archivar el caso de los informes de Tomares al no apreciar delito

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público solicita a la juez de Instrucción número 8 que archive esta causa abierta en 2013 tras la denuncia presentada por el grupo municipal de IU al entender que "no resulta acreditado suficientemente la comisión de los delitos investigados".

A su juicio, "si bien estos hechos deberían suponer depurar responsabilidades políticas por quien en el momento de los hechos ya era concejal de Urbanismo", en alusión a Campos, los mismos "no son constitutivos de delito".

En esta causa están imputadas seis personas, entre ellas el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Tomares, Eloy Carmona, y los ex ediles de Medio Ambiente, Cultura y Urbanismo, Juan Campos, Mercedes Fuentes y Pilar Domínguez, respectivamente, así como los representantes de la empresa Guerra 21 y el interventor del Ayuntamiento, Alfonso Barrios.

En el mes de abril de 2015, cabe recordarlo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó la causa contra el senador y alcalde de la localidad, José Luis Sanz, al no apreciar indicios relevantes de la comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Según la investigación realizada por la Brigada Provincial de Policía Judicial, el alcalde de Tomares contrató en octubre de 2007 a Juan Antonio Campos, calificándose el mismo como "contrato menor de consultoría y asistencia", siendo su duración de un año y fijándose como honorarios 975 euros mensuales fijos y 150 euros por la elaboración de cada informe que revistiera especial complejidad.

"ESPECIAL COMPLEJIDAD"

De este modo, la relación contractual se prorrogó durante 2008 y 2009, añadiendo la Fiscalía que, según la investigación, Campos facturó al Ayuntamiento entre noviembre de 2007 y octubre de 2009 "no sólo por los 975 euros fijos pactados, sino por informes de especial complejidad", en concreto once informes en 2007 por 1.650 euros; 77 informes en 2008 por 11.550 euros, y 55 informes en 2009 por 8.250 euros.

La Policía Judicial concluyó que los informes que realizó Juan Campos "carecen de toda complejidad, pues consisten en escritos de escasas líneas, muchos de ellos consistentes en fotografías acompañadas de una descripción de lo que se observa en ellas a simple vista", añadiendo que "la especial complejidad se calificaba como tal por el propio Campos, y ningún concejal o funcionario del Ayuntamiento reparó en ello ni puso objeción alguna al abono de las facturas que se le presentaban".

A partir de mayo de 2010, se firmó un contrato entre el alcalde y Guerra 21 para la supervisión del Plan E 2010, "siendo que la mercantil referida a su vez contrata a Juan Campos para esta labor", recoge la Fiscalía, que agrega que Campos fue dado de baja en la Seguridad Social el 10 de junio de 2011 ("se firmó un nuevo contrato hasta fin de obra y su retribución fue de 1.168,60 euros mensuales brutos"), agrega la fiscal.

Seguidamente, el Ministerio Público recuerda la declaración prestada por el propio Juan Campos, quien manifestó que "no cuenta con ninguna cualificación técnica ni título superior, que supervisaba en distintas áreas, pero no era su función elaborar informes técnicos, sino realizar actuaciones a pie de calle e informar al respecto", de modo que "hacía fotos y daba cuenta de las anomalías que pudiera observar".

También manifestó que calificaba sus informes de especial complejidad "si tenía que acudir de noche", indicando que, cuando la oposición le ha pedido estos informes para justificar sus facturas, "ha rescatado los que ha podido, los ha vuelto a imprimir y los ha firmado para entregarlos".

"ACTIVIDAD FANTASMA"

Asimismo, Campos dijo que "no es cierto" que pidiera a un trabajador del Ayuntamiento que elaborara estos informes "con posterioridad" y de forma "expresa" para responder a la oposición.

La Fiscalía dice que, a partir de estos datos, se ha investigado si Campos "no realizó ninguna de las actividades para las que fue contratado, siéndole abonados unos servicios que no prestaba, actuando en connivencia con algún concejal del Ayuntamiento, y siendo pues la contratación una tapadera para justificar los pagos que se le realizaban".

Para ello, se ha tomado declaración a concejales, funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, dice la Fiscalía, que asevera que "de las declaraciones referidas y las contradicciones que se observan entre unas y otras, no puede concluir con la certeza que requiere formular una acusación, que la actividad laboral de Campos en el Ayuntamiento fuese una actividad fantasma, que no se realizase realmente, y por ende que recibiera una retribución del Ayuntamiento por unos servicios que se ignoran, siendo los contratos referidos al inicio una tapadera".

Unido a lo anterior, el Ministerio Público señala que "procede analizar los pagos realizados a Juan Antonio Campos durante la vigencia del contrato menor, a la vista de que los informes calificados como de 'especial complejidad' no presentaban en modo alguno estas características, y por quien correspondía no se comprobó diligentemente esta circunstancia, abonándose sin más".

NO HAY "CONCIERTO PREVIO" SINO "FALTA DE CONTROL"

La fiscal recuerda la declaración de varios de los investigados para concluir que con las mismas "se diluye la responsabilidad entre varias personas, máxime cuando Campos no trabajaba únicamente con una delegación, sino con varias, no resultando acreditado durante la investigación el concierto previo entre unos y otros para favorecer de forma especial a Campos, sino más bien una falta de control y desidia a la hora de abonar las facturas".

Seguidamente, analiza la "legalidad" del contrato menor celebrado entre el Ayuntamiento y Juan Campos y del contrato con Guerra 21, ambos firmados por el alcalde.

A su juicio, el análisis de los mismos "de forma aislada, sin tener en cuenta otros contratos, en los que de forma expresa se haya podido burlar el procedimiento legal para favorecer a alguna persona o entidad (es objeto de otro procedimiento), no nos permite calificar la ilegalidad como clamorosa o arbitraria de forma absoluta, por lo que no resulta suficientemente acreditado en este punto la comisión de delito de prevaricación vigente en el momento de los hechos".

También analiza la Fiscalía si, una vez que la oposición solicitó que le fueran entregados los documentos que justifican los servicios prestados por Campos, éste pidió a un técnico que confeccionara dichos informes a posteriori para justificar así su actividad.

Sobre ello, la representante del Ministerio Público señala que tanto la pericial elaborada por la Policía Nacional como la de parte "no llegan a conclusiones contrarias, por cuanto no se acredita otra cosa que no sea que los informes" de Campos "se importaron al ordenador desde un medio externo en fecha posterior a su elaboración, lo que no nos puede llevar a concluir que esa fuese necesariamente la fecha de su elaboración".

Para finalizar, dice que "sólo se puede afirmar de forma certera la elaboración de un informe con posterioridad y con finalidad de engañar u ocultar a la oposición, el relativo a daños en el parque Félix Rodríguez de la Fuente, por cuanto se incorpora al mismo una fotografía que se tomó el 5 de septiembre de 2012, siendo que se fecha el informe el día 22 de julio de 2009.

"La fotografía se tomó en el año 2012 como consecuencia de unos daños igualmente y se incorporó a una denuncia que fue necesario interponer por ella", manifiesta la fiscal.