GOBIERNO. LOS RETOS DE LA NUEVA MINISTRA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

- Modificar el copago en dependencia, acabar con la interinidad y desarrollar las leyes del Tercer Sector y del Voluntariado, algunas de sus prioridades. Dolors Montserrat, que mañana jurará su cargo como nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ante el Rey Felipe VI, tiene ante sí una batería de retos pendientes en el sector sociosanitario. Los más importantes son afrontar la situación de interinidad de los trabajadores sanitarios, la prescripción enfermera, el desarrollo de dos leyes sociales muy importantes como son la del Tercer Sector y la de Voluntariado y modificar los actuales criterios de copago en materia de dependencia.
El decreto de prescripción enfermera, aprobado el pasado mes de abril, hizo estallar la guerra entre médicos y enfermeros, un conflicto que aún no se ha resuelto y que tendrá que afrontar Monserrat, al igual que el de la interinidad de los trabajadores del sector sanitario, cuestión que la anterior ministra en funciones, Fátima Báñez, reconoció que era una cuestión que había que afrontar tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró estos contratos ilegales.
Montserrat tendrá también que elegir al sustituto de Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la entidad mejor valorada tanto por los españoles como fuera de España por su trabajo puntero, que ha convertido a España en el número uno mundial en trasplantes. Matesanz tenía que haberse jubilado este año, pero le pidieron que esperara hasta que hubiera nuevo Gobierno.
Reabrir el registro de los afectados por la talidomida será otro de los restos pendientes de la nueva titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En el campo de lo social, el desarrollo de dos leyes, la del Tercer Sector y la de Voluntariado, también requerirá de su atención inmediata, así como modificar los actuales criterios de copago en materia de dependencia, tal y como solicitó el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) con una iniciativa legislativa popular (ILP); sin olvidarse del problema de la violencia de género, que sigue repuntando y que necesita más fondos.