La Guardia Civil ha iniciado una nueva operación esta mañana para destapar una supuesta vía de financiación ilegal utilizada por CiU. La investigación, conocida como operación trueno, se centra en los contratos del servicio de basuras a la empresa GBI Serveis, propiedad de Gustavo Buesa, socio de Jordi Pujol Ferrusola.
El ex interventor y el ex secretario municipal ya han sido detenidos. Así, la Guardia Civil sospecha que CiU adjudicó contratos de recogida de basura a Buesa, empresario vinculado a Convergència, de forma ilícita. Estos contratos, con los que CiU se habrían financiado irregularmente, serían en el Ayuntamiento de Lloret de Mar, donde gobierna todavía Convergència.
El Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) está siendo registrado desde primera hora en busca de documentación relacionada con los contratos del servicio de basuras a la empresa de Buesa.
La Guardia Civil investiga la legalidad de esos contratos de basuras, que podrían rondar los 80 millones de euros. Unos servicios que el pleno del Ayuntamiento de Lloret aprobó a GBI Serveis en abril de 2011, gracias a los votos de CiU, PP y PSC.
Además, esta adjudicación no sería la primera bajo sospecha, ya en el año 2008 obtuvo el contrato municipal para un centro de tratamiento de residuos de Lloret.
A este concurso sólo se presentó GBI Serveis, y estipularía un montante de 8 millones anuales durante una década. Abarcaría desde la limpieza de las playas, de las calles y la recogida y selección de todo tipo de residuos. GBI Serveis obtuvo el contrato a pesar de no contar con experiencia en la materia.El apartamento de Buesa también estaría siendo registrado
No sólo el Ayuntamiento de Lloret de Mar estaría siendo registrado, también el apartamento de Gustavo Buesa habría sido inspeccionado por la Guardia Civil, según El Periódico. La Agencia Tributaria afirma que GBI Serveis realizó donaciones en torno a los 550.000 euros entre los años 2007 y el 2010 a tres fundaciones vinculadas a CDC y Unió.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción, que también investiga el caso, afirma que "Se investigan diversas adjudicaciones de concesión de relativos a la recogida de basuras y limpiezas de playas, así gestión y obras del Centro de Tratamiento de Residuos Municipal ello en connivencia con autoridades y funcionarios Ayuntamiento de Lloret de Mar".
La causa serían los "delitos de prevaricación, cohecho, malversación fondos públicos, fraude o exención ilegal, negociaciones y prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función; y tráfico de influencias".
Además confirma que "han autorizado 4 diligencias de entradas y registros, habiéndose bloqueo de cuentas corrientes y el embargo de bienes pertenecientes" a GBI Serveis.
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