Francesc Homs ha justificado esta mañana de lunes ante el Tribunal Supremo la 'legalidad' de la consulta del 9N, (9 de noviembre de 2014), que fue prohibida por el Tribunal Constitucional, pero el Gobierno de Artur Mas decidió seguir con ella adelante, por ser un mandato del Parlament de Catalunya.
El que fuera Conseller de Presidencia de la Generalitat y actual portavoz en el Congreso del Partit Demòcrata Català, antigua CDC, ha dicho ante el Tribunal Supremo, donde la Fiscalía le acusa de desobediencia, prevaricación y malversación, que "lo único que hicimos fue cumplir la legalidad y actuar según el mandato del Parlament de Catalunya" porque la consulta era "imparable" y en criticar, a su vez, la actuación "seguidista y arbitraria" de las "principales instituciones del Estado, que actuaron según "las directrices del PP y del Gobierno español".
Además, Homs acusó al Supremo de que éste "es un juicio político y la sentencia ya está dictada" porque la Fiscalía actúa "al dictado del PP".
Pues bien, expertos constitucionalistas discrepan totalmente de esta posición y exponen claramente que el referéndum fue "ilegal" y la cámara catalana y la propia Generalitat "traicionaron" además la "norma" de la que emana su "legitimidad": La Constitución española.El Parlament existe por la Constitución
Carlos Vidal, Profesor de derecho Constitucional de la Universidad de Educación a Distancia (UNED), explica que "Si el Parlament de Catalunya existe es porque así lo prevé la Constitución española de 1978 y por lo tanto su 'legalidad' no puede pasar por encima de la Constitución de la que emana. El Parlament de Catalunya debe de respetar la Constitución y no traicionarla porque existe gracias a ella", asegura. "Y más después de un dictamen del Tribunal Constitucional prohibiendo la consulta", sentencia.
"El Parlamento de Catalunya debe de respetar las decisiones del parlamento español como éste debe de respetar y no ir en contra del Parlamento europeo", explica. "Y ésto es así y siempre ha sido igual porque las legitimidades, o supuestas legitimidades siempre están supeditadas a otra instancia superior", finaliza.
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Xavier Arbós, considera que en caso de secesión de Catalunya, "el primer paso formal se daría desde el Parlament para empezar con un mínimo de legitimidad democrática. Ahora bien, hay que decir que con una legalidad nula".
"Un referéndum es ilegal"
"La Constitución española de 1978 excluye de manera taxativa la secesión. En términos muy enfáticos, el artículo 2 indica que 'la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española'. Y un referendo tampoco es legal desde el punto de vista jurídico, ya que ningún órgano de la Generalitat puede convocar ningún tipo de consulta sobre lo que no es de su competencia. No lo es, obviamente la decisión de iniciar un referendo vinculante sobre la independencia de Catalunya, por lo que de nuevo nos encontraríamos fuera de la legalidad", finaliza
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