EL PP PIDE QUE LA INVESTIGACIÓN SOBRE SU FINANCIACIÓN SE CIRCUNSCRIBA A LA PRESENTE LEGISLATURA

- También reclama que se centre en la Administración General del Estado. El PP considera que el ámbito temporal de la comisión de investigación que estudia su presunta financiación ilegal debe quedar fijado “en la presente legislatura”, que comenzó el 19 de julio de 2016, alegando que “no procede el ejercicio de investigación y control por el actual Parlamento de legislaturas pasadas”.
Así se desprende del escrito que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso envió hoy al presidente de este organismo, Pedro Quevedo, para presentar cuestión de previo pronunciamiento al plan de trabajo, que está previsto que se vea en la reunión de la comisión del próximo martes.
En el documento, rubricado por el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, se reclama que esta comisión de investigación, relativa a la “presunta financiación ilegal del PP”, se centre en un “objeto concreto, en un supuesto específico y no en un objeto genérico como contiene su enunciado”.
“No se trata de investigar por investigar, a ver si se descubre algo, o de hacer una macro-causa buscando una verdad por una mayoría parlamentaria política ajena a la realidad, sino de informar al Pleno del Congreso acerca de un asunto específico cometido por el PP durante la legislatura y que puede ser censurado políticamente”, advierten los populares.
El Grupo Parlamentario Popular busca con la presentación a esta cuestión previa del plan de trabajo que, previo dictamen del letrado, se resuelvan cuestiones en las que, a su entender, no hay un consenso claro entre los grupos de la oposición. Se refieren al objeto de la comisión, así como al ámbito temporal, institucional y material de la investigación.
El PP razona que el ámbito temporal debe quedar fijado en la presente legislatura, escudándose en que, al ser la comisión un instrumento de control parlamentario “no procede el ejercicio de investigación y control por el actual Parlamento de legislaturas pasadas, toda vez que, además, tenemos conocimiento de que se pretende investigar a personas que no ostentan en la actualidad cargos públicos”.
A estas personas, continúa el escrito, “no es posible exigirles responsabilidad política alguna” y, en el caso que hubiera que hacerlo, alerta de que “no corresponde a la comisión llevar a cabo un juicio paralelo en sede parlamentaria”.
Igualmente, el PP entiende que el ámbito institucional de la presente investigación debe circunscribirse a la Administración General del Estado, por “respeto” a la “autonomía” de los distintos parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos. Dicen que no se deben “invadir las competencias ajenas” de otras comisiones autonómicas.
Por este tipo de motivos, el Grupo Popular asegura que le resulta “imposible” presentar un plan de trabajo “coherente” y formular sus peticiones de documentos y comparecencias, “sin antes conocer el objeto específico” de la comisión. Pide, por ello, que la comisión recabe un informe jurídico sobre estas cuestiones y se aclaren los extremos expuestos.