El empresario sevillano José Sivianes, propietario de la entidad Formación Integral para el Empleo y acusado de varios delitos en relación con las ayudas que recibió en subvenciones destinadas para cursos de formación de desempleados, ha negado este martes que cometiera irregularidades "penales o administrativas" en este sentido y ha señalado que la administración aún le debe "importantes cantidades de dinero", lo que le ha llevado a afirmar que que ha financiado a su costa la formación de cientos de alumnos desempleados.
Así lo ha dicho Sivianes al inicio de su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre los Cursos de Formación del Parlamento andaluz donde, más allá de unas breves consideraciones iniciales que ha leído con notable dificultad, se ha acogido a su derecho a no declarar.
El empresario sevillano, para el que la Fiscalía pide 12 años de cárcel por fraude de subvenciones y falsedad documental, ha negado cualquier tipo de irregularidad en la concesión, gestión o justificación de las ayudas y ha defendido que todas las acciones formativas que impartió tuvieron un "alto nivel tanto formativo como técnico".
En la declaración que ha leído, Sivianes también ha mantenido que los costes de los cursos presentados "fueron todos reales y estaban comprendidos dentro de los límites de la convocatoria". Asimismo, ha señalado que "no hubo defraudación ni desvío de subvenciones en ninguna cantidad y tampoco exoneración de las obligaciones de justificación, que fueron cumplidas rigurosamente dentro de los plazos señalados al efecto".
Además, ha expuesto que, pese al tiempo transcurrido desde que se presentaron dichas justificaciones a la administración, ésta aún le debe "importantes cantidades" en concepto de subvenciones, lo que le ha llevado a afirmar que, hasta ahora, ha financiado a su costa la formación de muchos cursos de desempleados.
"DUDAS MÁS QUE RAZONABLES"
Respetando el derecho del compareciente a no declarar, los portavoces de los grupos de la oposición han ejercido también el suyo y han expuesto las preguntas que tenían preparadas para Sivianes. El primero en intervenir, el de IULV-CA, José Antonio Castro, ha expuesto que hay "dudas más que razonables" sobre la veracidad de de no haya habido irregularidades en la gestión y justificación de las subvenciones, tal y como ha defendido el compareciente, aunque, no obstante, ha advertido de que la tarea de la comisión no es valorar si las empresas han operado legalmente sino despejar las responsabilidades políticas derivadas de lo ocurrido.
Castro también se ha referido al "espectacular crecimiento" que Formación Integral para el Empleo ha experimentado en la obtención de subvenciones finalistas en los sucesivos años y cómo eso coincide con las ampliaciones de capital que hizo la empresa y se ha preguntado si, como han hecho otros empresarios, Sivianes, está ganando pleitos a la Junta y la Justicia está obligando a la administración a ingresarle el dinero pendiente.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquet, ha preguntado a Sivianes por aspectos como la relación que tenía con el PSOE y si como consecuencia de ella obtuvo más subvenciones que otros beneficiarios; o por la paradoja que supone que en una memoria señalara que su empresa cuenta con docentes con cualificación y trayectoria profesional y en la ficha para el mismo curso se pusiera de manifiesto que los contrataría por cuanta ajena.
Sobre la conflictividad laboral, las dificultades para presentar documentos que tenía el sistema, las titulaciones y certificados de los cursos o la posibilidad de cambiar el funcionamiento del sistema ha preguntado el portavoz de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, que, al igual que el resto de sus compañeros, no ha obtenido respuesta de Sivianes.
Por parte del PP, su portavoz, Miguel Ángel Torrico, ha recordado que en esta comisión se depuran responsabilidad políticas de cargos políticos, por lo que a Sivianes, por no serlo, "no se le puede achacar responsabilidad política" y ha expuesto algunas preguntas sobre las subvenciones totales recibidas, los cursos impartidos, sus relacione con altos cargos de la Junta o "si los cursos daban un beneficio del 70 por ciento gracias a que la Junta se limitaba a que las facturas cumplan los requisitos formales con criterios establecidos sin entrar a valorar la realidad de las partidas que contemplan".
PSOE ADVIERTE DE COACCIONES
Por su parte, el portavoz del PSOE, Rodrigo Sánchez, ha afeado al resto de los grupos por no respetar el derecho del compareciente a no declarar e insistir en presentar sus preguntas "con la excusa del 'nos hubiera gustado conocer'". "Es inconcebible y un insulto a la inteligencia", ha dicho el socialista.
A su juicio, los portavoces han coaccionado al empresario para que "finalmente acabe declarando pese a que entiende que no debe hacerlo", actitud que responde a que "no se pretende conocer la verdad sino a una perversión para trasladar a la televisión y a la opinión pública lo que no son más que suposiciones de diputados".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios