La asociación Jueces para la Democracia (JpD) se ha solidarizado con la situación "de penuria económica, precariedad e incumplimiento de los más elementales derechos laborales" de las trabajadora de la limpieza de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
En un comunicado este martes, la asociación de jueces explica que la empresa adjudicataria de la limpieza, Kle Servicios Integrales, tiene una deuda superior a los cuatro millones de euros con Hacienda, debe dinero a muchas trabajadoras "y llegó a despedir a varias de ellas por su afiliación sindical".
JpD sostiene que las trabajadoras tienen interpuestas más de 40 denuncias a Inspección de Trabajo en el año 2016 y que desde 2014 se le han retrasado en el pago de sus nóminas nueve veces y a día de hoy se les adeuda la de diciembre.
Pese a ello, a esta empresa, que tiene la adjudicación de la contrata de limpieza de estos edificios desde enero de 2014, se le ha prorrogado el contrato hasta el 31 de diciembre de 2017, según recoge la asociación de jueces en su comunicado.
Esta semana las trabajadoras decidirán por medio de asambleas si finalmente mantienen la huelga convocada para la próxima semana --del 23 al 27 de enero-- ante "lo insostenible" de la situación.
EL DEBER DE LOS PODERES PÚBLICOS
"Los poderes públicos tienen el deber de promover el respeto de los derechos fundamentales, entre los que cuenta el derecho a un trabajo digno y la libertad sindical", reclama la asociación.
Los jueces de la asociación consideran que los contratos de servicios públicos deberían contener cláusulas excluyentes de empresas que hubieran sido condenadas judicialmente por vulnerar derechos fundamentales y que incumplieran sistemáticamente sus obligaciones laborales y de Seguridad Social.
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